La nominación del senador Zaldívar en el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, la investigación por el posible mal uso de asignaciones parlamentarias, el aumento de los días de permiso sin goce de sueldo de los diputados son algunos de los temas que en las últimas semanas han tenido en el ojo de la crítica al Congreso.

De acuerdo a la encuesta CEP de abril-mayo del 2017, solo un 6% de los encuestados tiene mucha o bastante confianza en esta relevante institución política, la mitad que en julio del 2014. Temas como los anteriores no ayudan a mejorar la percepción ciudadana sobre el Congreso y los parlamentarios, quienes periódicamente se ven cuestionados por temas que dicen relación con ciertos privilegios que aún se mantienen pero que no gozan el común de los trabajadores chilenos, o con mal uso de sus recursos –que incluso en algunos casos son materia de investigación por posibles delitos-.

Desde la sociedad civil se ha señalado desde hace un tiempo la necesidad de fiscalizar al Congreso a través de un órgano externo e independiente. La Comisión Engel realizó propuestas en la materia y el programa del Presidente electo Sebastián Piñera también hace eco de esta necesidad. Claramente el modelo de “juez y parte”, que en este caso se evidencia en su máximo esplendor y que recientemente el Tribunal Constitucional cuestionó respecto de un órgano administrativo, no da para más en el Congreso.