El 80% de las personas considera que en Chile hay bastante o mucha corrupción, de acuerdo a la última entrega de la encuesta ICSO-UDP. Aunque más personas asocian la corrupción al sector público que al privado, el 61% estima que afecta a ambos por igual. La mirada al Poder Judicial es especialmente preocupante. Un 84% de los encuestados cree que el dinero y los contactos influyen los resultados de los juicios, mientras que sólo el 11% estima que el sistema de justicia es equitativo para todas las personas. La mirada de Chile que ofrecen los indicadores internacionales sobre corrupción estambién preocupante.
Es cierto que nuestro país aún se mantiene en una liga distinta al resto de Latinoamérica (con la notable excepción de Uruguay) y en una mejor posición que países más desarrollados (como Portugal). Sin embargo, las mediciones muestran que nunca nos recuperamos de la caída experimentada después de los casos de financiamiento ilegal de la política. Peor aún, el índice de Transparencia Internacional acusa un retroceso relevante desde 2023, probablemente asociado a los escándalos conocidos en el último tiempo. Frente a esta realidad inquietante, el sistema político ha tenido dificultades para dar respuestas a la altura. La tramitación legislativa de las recomendaciones de la Comisión Jaraquemada ha sido poco eficaz. Proyectos relevantes no han presentado avances, incluyendo la creación del registro de beneficiarios finales y la regulaciónde las transferencias del Estado a las instituciones sin fines de lucro.
Esto es un reflejo más de un sistema político con dificultades para producir reformas ambiciosas en temas de importancia pública. En este contexto, once centros de estudio de distintas sensibilidades políticas publicamos recientemente el documento ‘Un Pacto de Integridad para Chile’. Es el resultado de un proceso de diálogo, liderado por Chile Transparente, que terminó en 30 propuestas transversales distribuidas en cinco ejes temáticos. Estas incluyen medidas para mejorar los estándares de integridad y transparencia de las instituciones estatales, modernizar el empleo público, fortalecer los sistemas de integridad y la regulación de los gobiernos subnacionales, y potenciar la transformación digital del Estado. El documento no se circunscribe al ámbito público, sino que propone medidas como la habilitación de un registro de beneficiarios finales para empresas y la exigencia de mayores estándares de integridad a organizaciones de la sociedad civil. La campaña presidencial entra ya en su recta final. En un clima electoral que por momentos ha sido presa de consignas poco fundamentadas, el documento publicado por los centros de estudios es un insumo valioso para nutrir los debates con propuestas que gozan de apoyo transversal y viabilidad técnica.
