Lo más sorprendente del resultado electoral de 25 de octubre no fue el claro triunfo de la opción Apruebo, ni que la participación fuera la más alta desde que se instauró el voto voluntario en 2012. Lo más sorprendente fue que una mayoría abrumadora votó por excluir a los parlamentarios de la instancia constituyente.
Que ganara el Apruebo por alto margen era esperado por casi todos. También se anticipaba que dada la importancia de lo que se votaba, aumentaría la participación. De hecho, ésta habría sido aun mayor si no fuera por la pandemia. Pero que parte importante de la derecha haya preferido una convención sin parlamentarios fue una sorpresa. Pareciera ser que no le creyeron a los líderes del Rechazo, que argumentaron que su sector debía aferrarse a tener un tercio de los convencionales, lo cual se lograba fácilmente si ganaba la opción de Convención Mixta.
La votación de un 79% por la instancia constituyente sin parlamentarios es consistente con la encuesta de Espacio Público e Ipsos, que indica que los convencionales que inspiran menos confianza son aquellos con trayectoria política: un 52% de los encuestados no confía en ellos. En cambio, el perfil que la gente quiere son los expertos en temas constitucionales, profesionales destacados, dirigentes de movimientos ciudadanos y dirigentes sociales.
Parecería obvio, entonces, que habrá un gran número de candidatas independientes en la papeleta del 11 de abril. Líderes sociales conocidas en sus territorios, profesionales diversas con liderazgo y visión de futuro, expertas constitucionales con la capacidad de recoger las inquietudes ciudadanas, y muchas más. Por el momento al menos, todo indica que no será así. Las condiciones que deben cumplir las listas de independientes para inscribir candidatos son tan exigentes y el trámite legislativo para emparejar la cancha con los partidos políticos avanza tan lento, que el escenario más probable es que los independientes brillen por su ausencia cuando vayamos a votar en abril.
Las exigencias de firmas para las listas de independientes son mucho mayores que aquellas que se requieren para inscribir un partido, esto a pesar de que las listas de independientes participan en una única elección. Además, quienes quieran apoyar una lista de independientes no pueden inscribirse por vía electrónica, a diferencia de quienes se afilian a un partido. Por si lo anterior no bastara, los independientes no pueden formar pactos con otras listas, quedando en desventaja respecto de los partidos, que pueden constituir pactos y subpactos que les permiten elegir más convencionales con menos votos.
Existe una iniciativa legislativa para reducir las brechas entre independientes y partidos que avanza lentamente en el Congreso y que no incluye la posibilidad de formar pactos. Su lento avance servirá algún día como estudio de caso sobre cómo poner pequeñas cortapisas para retrasar la aprobación de un proyecto, lo justo para que no amenace la posición privilegiada de los partidos en esta (y otras) contiendas electorales. Aun si llega a aprobarse, es probable que los tiempos que tengan las listas de independientes para inscribirse sean demasiado justos como para ser una fuerza electoral relevante.
Algunos líderes políticos entienden que facilitar las listas de independientes los beneficia a ellos y al país. Que la ciudadanía vuelva a confiar en la política y que la política vuelva a ser una actividad valorada por todos es uno de los objetivos principales del proceso constituyente. El primer paso para lograr este objetivo es que la noche del 11 de abril se elija un gran número de convencionales independientes. En cambio, si la convención elegida esa noche es percibida como más de lo mismo, un proceso de por sí difícil, se vuelve aun más cuesta arriba.
El principal argumento para no tener independientes en la convención constitucional es que la democracia requiere de partidos fuertes para funcionar bien. No cabe duda de que es así y tampoco cabe duda de que los partidos no están funcionando bien en la actualidad. La pregunta, entonces, es qué hacemos para cambiar el estado de las cosas a mediano plazo, dado que cambiarlas en el corto plazo es imposible. Que la nueva Constitución sea redactada mayoritariamente por ciudadanos comprometidos que no militan en partidos políticos pareciera ser una opción más atractiva que restringir las alternativas entre las cuales podremos elegir el 11 de abril.