Desde hace años, la Asociación Nacional de Magistrados ha insistido en que el sistema de nombramientos del Poder Judicial tiene riesgos de corrupción que pueden afectar su independencia. Ejemplos de esto son el denominado “besamanos” —una institución propia del vasallaje que demuestra sumisión— y la alta incidencia de la política, porque genera compromisos en completa opacidad. Para la asociación, y para un grupo importante de académicos que han compartido ese diagnóstico, eso se debe en buena parte al rol protagónico del Ejecutivo en esos nombramientos, así como a la estructura del gobierno judicial, en la cual la promoción de los jueces, su corrección disciplinaria y la revisión de sus casos pasan por una misma mano.

Como si fuera una crónica anunciada, el caso que compromete a tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua es un reflejo evidente de lo anterior. No sólo la sospecha de que vendieron sus decisiones judiciales a cambio de dinero —el reproche más serio que se le puede formular a un juez— representa una historia vergonzosa. También el tráfico de influencias para el nombramiento de parientes en cargos judiciales, como asimismo la gestión del senador Juan Pablo Letelier en defensa de ellos ante el fiscal nacional respecto de la investigación penal que se dirigía en su contra como si fuera un verdadero lobista de los afectados. Dicha práctica se ha repetido en más de una ocasión por parte de los parlamentarios, olvidando reglas elementales de rectitud pública.

Es conveniente recordar que, tras el retorno a la democracia, existían serías dudas sobre la independencia del Poder Judicial y, en especial, de la Corte Suprema. Su comportamiento en dictadura, las relaciones impropias con abogados poderosos, cambios de voto intempestivos o el extravío de expedientes de quienes tenían poder para distraerlos generaron no sólo varias acusaciones constitucionales —una, al menos, exitosa—, sino que también una investigación periodística que desató la furia del entonces ministro Servando Jordán en contra de su autora, Alejandra Matus, quien debió autoexiliarse, un escándalo inadmisible para la libertad de prensa en plena democracia. Sin embargo, esto permitió reformas a la Corte Suprema que la han transformado nuevamente en una institución respetable.

Pero ese mismo esfuerzo no lo hemos realizado en las cortes de apelaciones. Éstas a ratos operan como verdaderos feudos, especialmente en comunidades legales pequeñas y endogámicas, expuestas con facilidad a una mala comprensión de la reciprocidad, un valor importante para la cooperación, pero que bajo la lógica de oscuras cofradías es fuente de venganzas y corrupción cuando creen que el Estado y la ley que aplican son parte de su propiedad.