En el debate nacional, la operación militar para detener al Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha desencadenado reacciones en torno a dos ejes: preocupación por sus implicancias negativas para el sistema jurídico internacional; y satisfacción por el presunto término de un régimen considerado antidemocrático. Pese a esta tensión, una revisión crítica de ambas posturas debería invitarnos a superar esa aparente contradicción.

Venezuela enfrenta una crisis política desde hace ya varias décadas. Sin embargo, la reciente intervención no parece asegurar su resolución.

El presidente Trump ha puesto puntos suspensivos sobre el desenlace del régimen chavista, transparentando su interés por los recursos críticos del país —especialmente el petróleo— y alineando su actuar con lo expresado en su Estrategia de Seguridad Nacional. Más que una operación contra el narcotráfico, el movimiento debe entenderse en clave geopolítica.

Durante las últimas décadas, China aumentó su presencia en la región a través de inversiones en áreas estratégicas, especialmente en las cadenas de valor de la transición energética.

La intervención sobre territorio venezolano puede leerse como un esfuerzo de Estados Unidos por reforzar su posición en América Latina, pero también como una señal hacia el resto del mundo: en el actual escenario internacional, el poder sigue siendo una dimensión central.

Venezuela no sólo posee petróleo, sino que también minerales para la transición energética —como cobre, cobalto y tierras raras— que resultan críticos para los intereses de EE.UU. Este escenario debiera ser observado con atención desde nuestra propia región. El nuevo auge del intervencionismo nos recuerda los riesgos de una dependencia excesiva respecto de cualquier potencia, más allá de afinidades o diferencias políticas que pueden ser transitorias.

Si bien Chile mantiene buenas relaciones en el plano internacional, el siglo XXI presenta riesgos ante los cuales el comercio y la diplomacia no tendrán siempre respuestas. Actualmente, nuestro país no posee instrumentos para evaluar inversiones extranjeras, ni tampoco una política clara para promover la industrialización en sectores críticos.

Es una conversación difícil y largamente postergada, pero también una debilidad estructural que podría volverse más evidente en un contexto creciente de tensiones globales.