
El 2024 estuvo marcado por numerosos casos de corrupción que remecieron la opinión pública. Los detalles del caso Audios fueron conociéndose a cuentagotas, salpicando a funcionarios públicos, fiscales y jueces, y provocando la destitución de dos ministros de la Corte Suprema. Se desarrollaron también las investigaciones asociadas al caso Convenios, vimos a ex alcaldes en prisión preventiva, y conocimos nuevas irregularidades en administraciones municipales. Lo anterior terminó prácticamente opacado por el caso del ex Subsecretario Monsalve, entre cuyos cargos se encuentra el abuso de las facultades de su cargo.
No puede sorprendernos entonces la decreciente confianza ciudadana en las instituciones y la expandida percepción de corrupción del Estado. Según la encuesta Claves Ipsos de octubre de 2024, tres de cada cuatro personas piensan que hay mucha corrupción en Chile. Sin embargo, y aunque los resultados han empeorado en los últimos años, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional sigue ubicando a Chile en una liga distinta al resto de Latinoamérica (salvo Uruguay) y mejor que países como Portugal y España. Estas diferencias de percepción pueden deberse a que internamente nos comparamos con nuestra historia reciente (y no con los países vecinos), y a que medidas adoptadas en el último tiempo han contribuido a destapar prácticas de corrupción (lo que en el largo plazo es una buena noticia).
Contrario a lo que ocurre en países con altos niveles de corrupción, en Chile la ciudadanía sigue escandalizándose frente a las faltas a la integridad y, en ocasiones, el mundo político reacciona con medidas concretas. Aunque la Comisión Jaraquemada fue una valiosa respuesta al caso Convenios, según la revisión de Chile Transparente sólo un 51% de las medidas han sido implementadas a más de un año desde su publicación. Por su lado, la Estrategia Nacional de Integridad Pública es un aporte para fijar una agenda permanente de perfeccionamiento de nuestro margo de probidad. El desafío es lograr avanzar en medidas que generen un impacto significativo en la lucha contra la corrupción.
En abril del 2025 se cumplirán diez años desde la publicación del informe de la Comisión Engel. Será un buen momento para evaluar los avances y deudas pendientes (especialmente en integridad municipal), así como para pensar en los desafíos que se vienen. Entre ellos destaca la irrupción del crimen organizado, para cuya persecución es fundamental mejorar la capacidad de detectar y sancionar los delitos de corrupción que normalmente lo acompañan. La intersección entre la lucha contra la corrupción y el aseguramiento de la seguridad pública es una oportunidad para dar un nuevo impulso a la agenda de probidad, con el objetivo de reconstruir la dañada confianza ciudadana en nuestras instituciones.