El Global Recovery Observatory (Oxford) muestra a Chile como una ‘oportunidad perdida’ de reactivación sostenible. Esto, porque dedicamos una suma importante de fondos públicos a la recuperación -1,12% del PIB, sin considerar las transferencias-, pero dirigiéndola mínimamente hacia medidas sostenibles (solamente un 15% de sus iniciativas son así calificadas).
Estos resultados contrastan con el Plan de Reactivación anunciado en junio de 2020 por el Gobierno, el cual prometía que un 30% de los US$ 4.500 millones que se destinarían al Ministerio de Obras Públicas se invertirían en proyectos verdes. Sin embargo, el portafolio de infraestructura para este 2021, recientemente publicado, se focaliza en autopistas y aeropuertos como obras emblemáticas, incentivando así la intensificación del uso de combustibles fósiles, responsables de la crisis climática.
Aprendiendo de la experiencia de la gestión de la crisis del 2008, el manejo de las consecuencias económicas del Covid-19 planteó a los gobiernos el reto de escoger el tipo de recuperación a impulsar: usar las mismas estrategias del pasado que llevaron a alzas en las emisiones causantes de la crisis climática, o aprovechar este inédito empuje de gasto público para -haciéndose cargo de las urgencias- invertir en abordar los desafíos pendientes más importantes de nuestro tiempo: la desigualdad y la crisis climática.
Así, las propuestas para ‘Reconstruir mejor’ enfatizan las ventajas de impulsar la creación de empleos que pongan en el centro la descarbonización, la protección ecológica y la transformación de los sistemas productivos. La inversión en energías renovables; eficiencia energética; generación distribuida; electromovilidad del transporte público; sustitución de combustibles fósiles en la industria y la restauración ecológica, son estrategias ampliamente documentadas como un buen negocio para Chile.
Ellas nos permitirán salir de la crisis socioeconómica y, al mismo tiempo, transformar significativamente nuestras comunidades para hacerlas más limpias, equitativas y climáticamente resilientes.
De hecho, el FMI indica que los paquetes de estímulo verdes tienen un efecto multiplicador en la economía entre dos y siete veces mayor que los enfocados en actividades que no son ambientalmente inteligentes.
Así, vemos una situación preocupante. Pese a lo discursivamente validado de invertir en sostenibilidad, a la hora de implementar medidas, el Gobierno continúa eligiendo antiguas recetas intensivas en cemento, perdiendo la oportunidad de tener mayor impacto en el empleo y promover una sociedad preparada para los desafíos del siglo XXI. No hay recuperación real sin integrar los ingredientes de equidad y resiliencia a la ecuación. Aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo.
Publicada en el Diario Financiero.