La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunció el viernes pasado que nuestro país será el anfitrión de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25). Al respecto, Espacio Público junto a Fundación Terram, ONG FIMA, Greenpeace, CODEFF, Observatorio Ciudadano y Amnistía Internacional Chile instan a que el Presidente Sebastián Piñera firme el Acuerdo de Escazú.

La representante electa del público para el Acuerdo de Escazú y directora de Espacio Público, Andrea Sanhueza, sostiene que «es relevante aprovechar la oportunidad de la próxima COP25 en Chile para poder dar visibilidad regional e internacional a cuál es la agenda ambiental y cuáles son las peticiones en materia de medioambiente del gobierno. Quiero relevar específicamente dos: la primera es que Chile debe firmar el Acuerdo de Escazú, mientras que la segunda es la campaña #ChaoAlCarbón de forma para terminar con las termoeléctricas en el país».

«Esta es una buena instancia para levantar estos temas y, por supuesto, levantar el resto de las iniciativas que desde la sociedad civil se han estado realizando en materia de cambio climático», agrega Sanhueza.

Tal como señalan las organizaciones, el cambio climático es la mayor amenaza que enfrentamos como sociedad los seres humanos y requiere de una respuesta conjunta de la comunidad de naciones, así como el compromiso de todos los ciudadanos, actores sociales y políticos involucrados en este problema. Los graves efectos de este fenómeno están en la actualidad azotando a cientos de comunidades alrededor del mundo y, en particular, a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. El cambio climático es mucho más que una afectación al medio ambiente, pues sus impactos causan cambios irremediables en la forma y calidad de vida de los habitantes de este planeta.

Así, las organizaciones sostienen que tal como expresamente indican la Convención de Cambio Climático, el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible -todos instrumentos internacionales que han sido respaldados por la actual administración-, no es posible enfrentar estos retos sin garantizar la participación informada de todos los actores interesados en el tema.

«Ante esto, el Acuerdo de Escazú es la herramienta idónea que promueve y permite a los países lograr una plena implementación de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, en favor de la equidad, la democracia, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Sin embargo, y a pesar de que Chile propuso este instrumento y lideró toda su negociación, nuestro país aún no lo ha suscrito ofreciendo excusas poco claras», agregan en su declaración firmada hacia el Presidente Piñera.

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