Con la finalidad de crear una institucionalidad pública capaz de facilitar y regular el diálogo entre el Estado, empresas y comunidades en los territorios donde se instalen proyectos estratégicos, Espacio Público junto a la consultora Rubik Sustentabilidad, están trabajando en un diseño de política pública que permita realizar este objetivo.

Así como las publicaciones “Políticas nacionales, territorios regionales: Propuestas para un ordenamiento territorial en energía” y “Del conflicto al diálogo: Cómo avanzar hacia un sistema de decisiones ambientales participativas en Chile”, el proyecto “Institucionalidad para el diálogo territorial” va en la línea de Espacio Púbico de ser un ente promotor de políticas públicas “que ayuden al desarrollo sustentable y participativo, con miradas estratégicas sobre el territorio y sus habitantes”, afirma Violeta Rabi, investigadora de nuestro centro de estudios.

Esta propuesta de política pública busca instalar una plataforma de diálogo permanente entre comunidades y empresas durante todo el ciclo de vida de proyectos como mineras, plantas energéticas o de saneamiento de aguas, basurales, etc. Las negociaciones derivadas de este diálogo serían fundamentales para prevenir conflictos socioambientales y para generar relaciones colaborativas entre las empresas y las comunidades que se ven involucradas en la implementación de estos proyectos.

Rabi, explica que hay “muchos proyectos que aun teniendo la autorización ambiental, no tienen la legitimidad social para operar”. En este sentido lo que buscaría esta institucionalidad es lograr que desde la primera etapa exista cercanía y transparencia entre las empresas y las comunidades, promoviendo un estándar homogéneo en todo el territorio nacional que permita generar acuerdos y que fiscalice que éstos se cumplan. “Hoy dicho estándar no existe y la correcta implementación de los proyectos depende de la buena voluntad de las empresas, es por esta razón que esta institucionalidad sería elemental para regular la relación que se establece entre empresas y comunidades”, agrega.

“La etapa previa es donde se pueden tomar ciertas decisiones sustantivas en torno al proyecto, en donde, de forma participativa se puede: evaluar alternativas de localización y de tecnología; asegurar una correcta identificación de los factores críticos a considerar en una evaluación de impactos socioambiental y; abrir una oportunidad para discutir los criterios que se utilizarán para proponer medidas de gestión de los impactos que genera el proyecto. Se busca que hayan más instancias de participación que solo la formal que hoy existe, y esto se haría a través de esta institucionalidad, en donde se generan ciertos acuerdos de cómo hacer las cosas”, afirma la investigadora.

Pero más allá de asegurar una buena gestión de los impactos a las comunidades, esta institucionalidad promovería una lógica distinta en la que las empresas no solo cumplan con minimizar los daños, sino que generen una relación de cooperación con el desarrollo territorial de los lugares intervenidos, lo que en el marco del proyecto se denomina “acuerdos de beneficio compartido para el desarrollo territorial”. Rabi plantea que la idea “es que las empresas adquieran un compromiso con la comunidad, conozcan el territorio donde se van a instalar, cuáles son las necesidades de las comunidades y, al mismo tiempo, que las comunidades entiendan de qué se trata el proyecto.”

Asimismo, esta instancia permitiría que los acuerdos se hicieran públicos, trasparentando las posiciones y logrando mayor simetría en la información de las partes. “Muchas veces hay profundas asimetrías en el diálogo. Entonces a las comunidades les cuesta mucho generar acuerdos que sean sustantivos, que sean realmente tendientes al desarrollo territorial y que escapen de una lógica transaccional”, afirma Rabi.

El proyecto “Institucionalidad para el diálogo territorial” es parte del proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial (IDT) de Valor Minero. La propuesta se encuentra en su tercera etapa de realización y finalizará en mayo de 2018.