Con una concentración del 34% del total global estimado, Chile representa el segundo país con mayores reservas de litio en el mundo. El mineral se ha transformado en una oportunidad de alta relevancia para el país, abriendo una discusión pública respecto de la estrategia que permitirá desarrollar esta industria en términos económicos, ambientales y sociales. 

Pero, ¿cómo potenciar su explotación y, a la vez, resguardar la sostenibilidad socio-ambiental? Ese fue uno de los principales retos identificados por expertas y expertos en el seminario “Oportunidades y desafíos para el desarrollo de la industria del litio y la gobernanza de salares en Chile y la región”, realizado por Espacio Público el jueves 7 de diciembre. 

La instancia contó con las palabras de bienvenida de Benjamín García, director ejecutivo de Espacio Público, quien destacó la importancia de este mineral crítico para avanzar hacia una transición energética y el rol que deben cumplir las instituciones involucradas para abordar los desafíos de la industria. 

De la misma forma, Annie Dufey, directora de Espacio Público, presentó las principales recomendaciones de política pública que el centro de estudios ha trabajado para aportar en la materia, las que están reunidas en el policy paper “Litio: recomendaciones para la gobernanza de salares en Chile”. «Hay desafíos de gobernanza interna desde las comunidades y las empresas, lo que ha llevado a relaciones transaccionales y judicialización”, indicó. Por ello, fue enfática en señalar que “es necesario que las comunidades se organicen y establezcan una adecuada gobernanza para la toma de decisiones. Esperamos que los procesos de diálogo que está llevando a cabo Corfo en los territorios puedan aportar en este sentido». 

Luego de su presentación, la economista moderó el panel de conversación integrado por José Miguel Benavente, Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO); Jorge Cantallopts, Director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO); María Victoria Arias, investigadora senior de FUNDAR, Argentina; y Andrea Furnaro, policy analyst del Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Según explicó Benavente, la Estrategia Nacional del Litio “está enfocada en generar unidades incrementales de conocimiento sobre la minería de salares en Chile y lograr que ese conocimiento no quede encapsulado en dos instituciones, sino que se difunda”. Así, desde su punto de vista, “el rol que vemos del sector privado en esta industria es complementario al del sector público. El desafío es cómo logramos generar los incentivos suficientes para que el sector privado participe, pero esté velando siempre por los intereses de todos los chilenos”, aseguró. 

Por su parte, Cantallopts abordó las proyecciones de mercados internacionales y las implicancias que podría tener la aparición de sustitutos, como por ejemplo baterías de sodio. A su juicio, “el desafío actual es cómo aumentar la producción sin afectar la sostenibilidad y creando la mayor cantidad de valor posible”. Sin embargo, advirtió que “el problema es cuánto nos demoramos en lograrlo, porque ya llevamos 12 años de atraso en tener una buena política del litio. En ese sentido, la Estrategia Nacional del Litio es muy relevante porque debería permitir avanzar”. 

María Victoria Arias se centró en la experiencia argentina y cómo se vislumbra el panorama a futuro, considerando los cambios a nivel político que está viviendo el país trasandino: “Hay un gran temor en el ámbito social y ambiental respecto a cómo se va a continuar, sin embargo, hay muchas decisiones que se están tomando que contradicen ese miedo inicial”, explicó. “Nuestro régimen político es muy distinto al chileno. Los actores centrales son las provincias y hay voluntad de seguir adelante con el desarrollo de la industria”, agregó. 

Finalmente, Andrea Furnaro se refirió a la experiencia de empresas nacionales en la industria y sus principales desafíos. “Un reto importante para la gobernanza del litio, enfatizando en empresas estatales, tiene que ver con las presiones fiscales sobre los ingresos que pueden generar, especialmente cuando hay necesidades presupuestarias importantes en la región”, puntualizó. Además, advirtió que “existe el riesgo de que se tienda a dar un trato preferencial a empresas estatales, por ejemplo, para acelerar proyectos o niveles de producción, saltándose ciertas regulaciones, sobre todo ambientales. Es importante que esto sea una preocupación de las entidades reguladoras”. 

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