Al tiempo que el gobierno se encuentra elaborando un proyecto de ley para regular el financiamiento de las campañas y partidos políticos, Espacio Público ha adelantado en diferentes medios de comunicación sus propuestas para corregir las distorsiones que la influencia del dinero genera en la vida democrática del país, a fin de propiciar una competencia electoral justa y real igualdad en la representación democrática.

El estudio desarrollado por Eduardo Engel, Alejandro Ferreiro y Emilia Ríos, que será revelado en su totalidad a fines de este mes, plantea terminar los aportes reservados, los que en teoría son de carácter anónimo. «Ha quedado en claro durante las últimas semanas, con declaraciones de parlamentarios de todos los sectores, que los candidatos sí saben quién les dona», indicó Engel a Pulso.

Por otra parte, Ferreiro y Engel señalaron, en una columna en El Mostrador, que «prohibir las donaciones por parte de todas las personas jurídicas se fundamenta en que estas no votan, pero sí tienen intereses corporativos que, como la evidencia internacional demuestra, se intentan promover mediante el aporte financiero a la política».

En entrevista con radio Usach, Emilia Ríos (cientista política y coordinadora de investigación del proyecto) sostuvo que «podemos mejorar los partidos con financiamiento público, siempre que se fiscalicen y cumplan con ciertos requisitos», entre los cuales se cuentan transparencia, democracia interna, trabajo territorial, formación política y representatividad.

En este marco, es fundamental el rol del Servel y las herramientas que se le entreguen para fiscalizar efectivamente, tales como cruzar información con el SII, realizar trabajo en terreno e imponer sanciones acorde a las faltas cometidas.

Al respecto, Ferreiro señaló a La Tercera que «una de las maneras más eficaces para tener control del gasto es obligar a que todos los ingresos y los gastos de una campaña se hagan a partir de una cuenta corriente única que maneja el administrador electoral».

Asimismo, en radio Duna aseguró que «si no ponemos un límite al gasto, que sea fiscalizable, y si no imponemos sanciones severas, como la pérdida del cargo, a quienes lo traspasen, va a seguir existiendo la invitación al financiamiento irregular de las campañas electorales».