Hace una década a la Corte Suprema ingresaban un total de doce mil causas. En 2015 ese número llegó a cuarenta mil, y en 2021 fueron cien mil. Ese aumento explosivo se debe exclusivamente a los ingresos de apelaciones de recursos de protección que se han interpuesto contra las isapres.
Esa abrumadora cantidad de casos ha dejado en evidencia que el costo de adecuación del sistema de salud está siendo trasladado íntegramente a los jueces. El Estado ha omitido soluciones administrativas o legislativas estructurales, y los seguros privados han preferido seguir litigando sus casos uno a uno, eludiendo soluciones globales; por otra parte, si bien la magnitud de los asuntos en las Cortes es significativa, el número de afiliados que decide emprender un camino judicial sigue siendo acotado.

Al amparo de esto surgió, además, una industria legal que incentivó las impugnaciones a cambio del pago de las costas si se obtenían sentencias favorables. Aunque la Corte introdujo cambios en este ámbito para evitar incentivos inadecuados, las impugnaciones no se detuvieron.
Esto explica que en agosto de 2022, cuando la Corte Suprema decidió dejar sin efecto el incremento porcentual de los planes anuales, lo hizo incorporando un cambio global: utilizó casos singulares para ordenar una medida de alcance general para todo el sistema, que imponía deberes para justificar esas alzas. Y ahora, con las decisiones de la semana pasada asociadas a la aplicación de la tabla de factores, dejó sin efecto las alzas ordenando efectos retroactivos, y lo hizo nuevamente extendiendo su aplicación a todos los afiliados de cada isapre.

La Corte Suprema ha sido testigo directo de los efectos de la judicialización sanitaria, un aspecto común en distintas partes del mundo. Pero la exposición frecuente a estos casos sobre la base de decisiones individuales, sin cambios en las actuaciones del regulador y las aseguradoras, la ha llevado adoptar —en agosto y ahora en diciembre— dos decisiones estructurales para el sistema, pero sin evaluar los efectos sistémicos que esto implica.

Los casos de lasisapres son un buen ejemplo de lo que sucede cuando se postergan reformas orgánicas y se deja el asunto a los tribunales. Los jueces están preparados para resolver casos concretos, no para decidir cuestiones fundamentales de política pública. Cuando se incorporan en esos ámbitos sus efectos suelen ser negativos, porque el foro judicial no está preparado ni en su procedimiento, ni en la evidencia que dispone, para adoptar esas decisiones.
Pero el problema en el que estamos hoy no es culpa de los jueces, sino de un sistema institucional que ha postergado soluciones definitivas. Los afectados serán, de modo directo o indirecto, todos los usuarios del sistema de salud.