Hace pocos días, el Concejo Municipal de Las Condes negó, en votación dividida, los aportes a la Fundación Santiago a Mil para el financiamiento, en su mayoría, de obras infantiles. El argumento fue que estas eran ‘ideologizadas’ y ‘sesgadas’. El día de ayer la presidenta de la comisión de cultura del Concejo profundizó en la negativa, sosteniendo que dichas obras promovían una ‘ideología opuesta a la que prima entre los vecinos’, calificando además el mensaje sobre el futuro de la especie humana utilizado por el ‘dinosaurio’ —una de las obras objetadas— como ‘nihilista’ y afirmando que era inmoral pagar estos aportes con los ‘bolsillos de una de las tres comunas del Rechazo’.

El caso de Las Condes es un ejemplo de manual de cómo el financiamiento público puede afectar derechos. En un trabajo clásico, Owen Fiss explicaba que la libertad de expresión está sujeta a una cierta ironía, porque en ocasiones —como sucede en materia de financiamiento de las artes— la inacción del Estado deja esta a la libertad del mercado o ‘al capricho de los que tienen enormes riquezas’. Por eso, el Estado debe otorgar ayudas en este ámbito, garantizando la pluralidad que requiere la democracia. Las subvenciones en tales casos son actos de autoridad que deben respetar los límites de la Constitución.

Lo que suele suceder en estas materias es que, si el Estado dispone de medios escasos y están en juego libertades públicas, la decisión sobre la distribución de los fondos para las artes no pueden quedar al simple arbitrio de la autoridad, lo que explica que las evaluaciones previas a dichas asignaciones suelen estar sujetas a paneles de expertos o pares.

La no asignación de fondos a una actividad artística de un modo simplemente potestativo es una manera de silenciar determinadas ideas. Por lo mismo, las reglas de cómo se financian, quiénes lo deciden y qué criterios son admisibles son primordiales para cumplir con los estándares de la Constitución. De otro modo, la gestión de esos dineros públicos puede ser utilizadao como un deliberado acto de reprimenda a opiniones distintas.

La carta de la presidenta de la comisión de cultura del Concejo Municipal de Las Condes es un reconocimiento expreso de que lo que hizo el municipio fue abiertamente un acto de censura, nada más y nada menos que de obras infantiles.

Si ese es el estándar de dicha municipalidad, algunos de los cuentos infantiles que se encuentran en las bibliotecas de las escuelas públicas bajo su administración podrían ser calificados de ‘ideologizados’. Ante tal amenaza, quizá es una tarea para «Calcetín con Rombos Man», un personaje que de seguro podría ser confundido con un encapuchado y atribuirle designios insurgentes para la niñez en las ‘comunas del Rechazo’.