Esta semana el gobierno dio a conocer la habilitación de un módulo especial en el Registro Social de Hogares (RSH) para identificar a las personas cuidadoras. Este registro se construye con la información proporcionada por los hogares y es complementado con datos administrativos. Ello permitirá registrar información relevante sobre los cuidados en el hogar, como la de quienes los requieren y quienes ejercen esas labores. Paralelamente, a través de los registros administrativos será posible conocer la situación de dependencia o discapacidad de la persona cuidada.
La creación de este registro es un paso importante para el reconocimiento de una labor desigualmente distribuida en nuestra sociedad, que hoy realizan mayoritariamente las mujeres en forma no remunerada. Este reconocimiento podrá traducirse luego en acompañar a quienes cuidan con distintos programas. Por ejemplo, mediante acceso a capacitación, beneficios especiales o servicios en forma preferente y con redistribución de tareas.
En el ámbito previsional también será posible avanzar en el reconocimiento sustantivo de quienes cuidan, como ocurre en Alemania o Francia. La reforma de pensiones ha propuesto un bono por cuidados para quienes estén inscritos como cuidador (a) principal en el RSH, otorgándoles el registro de cotizaciones del 6%, calculadas sobre el salario mediano por el número de meses que la persona se dedicó al cuidado no remunerado de personas con dependencia funcional severa o moderada, con un tope de 24 meses.
El nuevo registro contribuirá a desarrollar una hoja de ruta para concretar un sistema integral de cuidados con una provisión de servicios diversificada y organizada, lo que resulta fundamental para responder a los compromisos que se realizan, con un Estado confiable, eficaz y responsable. Fundamental será el diseño e implementación progresiva de un modelo de financiamiento sustentable. Esta materia fue abordada en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, donde se analizaron alternativas para diversificar el financiamiento de los cuidados, incluyendo rentas generales, aseguramiento social y pagos de las familias.
El envejecimiento de la población presionará fuertemente el gasto en cuidados, pero lo mismo ocurrirá con pensiones y salud. Por ello, es imprescindible considerar que ante recursos que pueden expandirse en forma gradual y limitada, las definiciones respecto de un sistema repercutirán en las posibilidades y la velocidad de desarrollo de otros. Esta disyuntiva debiera estar presente en las definiciones de política pública que se adopten en la discusión de reformas como pensiones y salud
