Recientemente en España se dio a conocer la sentencia por el ‘caso Gurtel’, en el cual una empresa que le organizaba las actividades al Partido Popular -viajes, comidas, cocteles, etc.- se veía beneficiada de contratos públicos de manera ilegal, donde se inflaban precios o cobraban comisiones que iban a manos de dicha empresa, a las autoridades o al partido político, que tenía una contabilidad paralela.

La sentencia establece una condena de 51 años al ‘cabecilla’ del grupo, 33 años al ex tesorero del partido y sanciones de multas a ex ministras por recibir beneficios, regalos y viajes de la empresa. Todo por delitos como malversación de caudales públicos, cohecho y fraude al Fisco. Entre los condenados hay un par de ex alcaldes y un ex consejero de la comunidad de Madrid, todos del Partido Popular, el que encabeza el actual gobierno, que también fue condenado por estas prácticas.

Esto tiene mucho en común con todo lo que se ha destapado del caso Odebrecht: financiamiento ilegal de la política y coimas para obtener contratos públicos. Las penas son realmente altas, nadie puede dudar que pasar más de 30 años en la cárcel es disuasorio y, a mi juicio, adecuado para hechos de corrupción.

En Chile, en cambio, los casos de financiamiento a la política empiezan a llegar a su fin, la mayoría de ellos, sin sanciones ejemplificadoras o de presidio efectivo, salvo por lo que el Ministerio Público está solicitando para el ex senador Jaime Orpis, de 21 años. Lo anterior genera frustración y sensación de impunidad, sin embargo, antes las leyes que los sancionaban eran débiles. Hoy el panorama ha cambiado, con normas más transparentes sobre financiamiento a la política y mayores sanciones, lo que no ocurre con delitos como el cohecho o tráfico de influencias.

Chile no está libre de casos como Odebrech o Gurtel, por eso debemos adoptar medidas para detectarlos y sancionarlos como corresponde.