El Milico-gate y sus varias aristas siguen en la portada de los medios debido al procesamiento del ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Huberto Oviedo, por la supuesto mal uso de gastos reservados destinados a labores de inteligencia y contra inteligencia, para su uso personal tanto en la mantención de su hogar, como regalos, chocolates, entre otros.

Hasta el momento, se investigan casi 8 mil millones de pesos que tanto Oviedo como su predecesor, Juan Miguel Fuente-Alba -quien también cumple prisión preventiva por estos hechos-, habrían malversado de gastos reservados, además de otras aristas, como el mal uso de recursos para viajes oficiales.

El Ejército y el Ministerio de Defensa han reaccionado proponiendo una serie de reformas, como las normas que regulan el uso y rendición de los gastos reservados y de los pasajes y viáticos para viajes oficiales. Lo anterior sin duda que es un avance y un intento por evitar que este tipo de irregularidades se reiteren.

Lo que ocurre en el sector defensa es la combinación perfecta para que prolifere la corrupción: gran cantidad de recursos a su disposición, discrecionalidad en la toma de decisiones de cómo se utilizan y falta de control externo -además de transparencia- en lo anterior.

Por eso, cualquier reforma que realmente quiera erradicar este tipo de conductas, debe hacerse cargo de lo anterior, de modo que los recursos que se pongan a disposición para la defensa de nuestra soberanía sean los realmente necesarios a este fin y no para engrosar el patrimonio personal del alto mando; que haya una mayor intervención y control por parte de nuestras autoridades civiles -tanto del Ministerio de Defensa, la Contraloría, como el Congreso- en la decisión de cómo se invierten estos recursos; y que se avance en mayor transparencia y poner información a disposición del público -salvo la estrictamente necesaria para no afectar nuestra defensa-. Si bien se valoran las propuestas que se discuten, falta aún profundizar en el control externo y en mayor transparencia.