El trabajo de la Comisión Experta, concluido la semana pasada, dio como fruto un anteproyecto constitucional que parece dejar suficientemente satisfechos a gran parte del espectro político. Sin embargo, el Consejo Constitucional que empieza a operar esta semana tiene un grupo importante de miembros que no están de acuerdo con el proceso completo. Quizás ese desacople está detrás de una baja en las expectativas ciudadanas en relación al proceso anterior. Quizás, también, esa sea la receta de un potencial éxito: evitar agrandar la brecha entre lo que la política promete y lo que entrega.

Como muestra una reciente serie de encuestas de Espacio Público e Ipsos -ahora con el aporte de Queen Mary University of London-, el nuevo proceso constitucional despierta menos pasiones que el anterior. Los niveles de alegría, esperanza e incertidumbre han bajado significativamente, al igual que el interés entre los encuestados. Las explicaciones son varias: desde un desencanto con el tema, una fatiga después de tres años de debate, o la sensación de que el tema ha sido cooptado por los partidos políticos. De una u otra manera, los consejeros electos deberán cargar con menos expectativas ciudadanas, lo que puede (o debiera) traducirse en un trabajo más dedicado al objetivo final que a los titulares del día siguiente.

Y es que ahí hay una clave para entender las expectativas ciudadanas. La encuesta muestra que el 90% de las personas quiere que el Consejo opere de manera seria y sin escándalos, quizás como respuesta a lo que se vio en el proceso anterior. En ese sentido, se mantiene muy alto (81%) el porcentaje de quienes esperan que los miembros de esta instancia sean capaces de llegar a acuerdos, aun a costa de ceder en sus propios puntos. El proceso pasado vio una creciente brecha entre esta misma expectativa y lo que la gente percibió sobre el trabajo realizado por la Convención Constitucional.

Donde tampoco han cambiado las preferencias es en aquellos temas que deben ser cubiertos por el nuevo texto constitucional: derechos sociales, descentralización, igualdad de género, entre otros. Si bien ha bajado el interés y se han moderado las pasiones, se mantienen los mismos niveles de necesidad de una Constitución que se haga cargo de los principales problemas sociales del país, los mismos que dieron origen al estallido de 2019. La moderación en las expectativas del electorado no debe malinterpretarse como una rendición a valores más conservadores, sino que a un golpe de realidad a partir del fracaso del proceso anterior.

La Comisión Experta despachó su trabajo en los términos y tono que se esperaba desde un principio. Incluso en aquellos temas donde no se logró acuerdo, hubo un intento por mantener un clima cordial y productivo. Se podría decir que fue una comisión de perdedores en términos individuales, pero exitoso en lo colectivo. Y ahí es precisamente donde se anticipa el primer punto débil del Consejo electo.