Cuando el pleno de la Convención Constitucional terminó la votación de las normas de la comisión de medio ambiente, sólo habían sobrevivido un epígrafe y un inciso. Los coordinadores señalaron que las discrepancias se referían a asuntos de redacción. El problema, en mi opinión, es algo más profundo.

El sábado dos destacadas profesoras de Derecho Ambiental, Verónica Delgado (Universidad de Concepción) y Dominique Hervé (Universidad Diego Portales), escribieron una carta en el diario «La Tercera» que permite explicar lo que sucedió. Ambas, que han trabajado incondicionalmente para generar propuestas para el proceso constituyente, indicaron que en la comisión existieron problemas de diálogo, que las votaciones se realizaban en bloque y sin previa discusión que permitiera comprender por qué se optaba por una norma u otra, pero la advertencia más importante fue que ‘integran la comisión una mayoría abrumadora que piensa casi igual’.

Este último aspecto explica, probablemente, el resultado en el pleno. La regla de dos tercios exige consensuar normas entre personas que tienen opiniones distintas, porque, aunque resulta paradójico insistir a ocho meses de instalada la convención, una Constitución no es un programa de gobierno ni el texto de una doctrina.

Pero la carta es útil para evaluar otro aspecto. Las normas propuestas por la comisión no están inspiradas en Ecuador ni Bolivia como creen algunos, sino en el trabajo de Ugo Mattei un reconocido profesor italiano de Derecho comparado que ha realizado su carrera en Turín y California. Es autor del famoso texto ‘Bienes comunes. Un manifiesto’ (Trotta, 2013), donde propone un modelo de gestión como alternativa tanto a la ‘propiedad privada capitalista como a la propiedad estatal tradicional’. Pero también es autor de otro trabajo escrito con Laura Nader llamado ‘Saqueo: Cuando el Estado de derecho es ilegal’ (Palestra, 2013), donde afirman que las ‘leyes de privatización impuestas desde el extranjero, que facilitan acuerdos inconcebibles a costa de la gente, son los vehículos del saqueo, no de la legalidad’. Su trabajo con Fritjof Capra ‘The ecology of law’ (2015), es un llamado a reconceptualizar los fundamentos de los sistemas legales occidentales.

Al leer las propuestas de esta comisión es inevitable encontrar las justificaciones de Mattei. Sin embargo, hay dos prevenciones que considerar. Por un lado, que las ideas de un trabajo académico suelen ser objeto de discusiones intelectuales permanentes, de modo que al asumirlas como una ‘revelación’ se terminan promoviendo dogmas y, por la otra, una Constitución es un texto donde concurren diversas voluntades para darle un sentido a nuestra vida colectiva. Por eso la Constitución no es ni puede ser un manifiesto.