El diagnóstico sobre la necesidad de una reforma en pensiones es transversal y está lejos de ser nuevo. A su vez, la ciudadanía tiene altas expectativas de que se logre un acuerdo en el Congreso. Aunque hasta ahora hemos visto un debate más inclinado a convencer al otro, que hacia el dejarse persuadir, siempre es momento para abrir caminos de diálogo.

Ayer, en la sesión previa a la votación en general en la comisión de trabajo de la Cámara, se dio un paso que es importante valorar: se expresó una voluntad clara de construir un acuerdo amplio. Recogiendo propuestas de distintos parlamentarios, el Ejecutivo manifestó su disposición a conformar una comisión con representantes de todas las bancadas de partidos políticos, para acordar indicaciones al proyecto de reforma de pensiones. Reconociendo que se podrán discutir en detalle las diferentes materias, se ha ofrecido un espacio para la construcción de acuerdos básicos. Este paso es una oportunidad para dejar atrás con generosidad las cuentas previas y para abrirse a cambios que son necesarios si queremos un sistema de pensiones estable frente a los ciclos electorales. Sobre todo, es también una oportunidad para anteponer colectivamente el bienestar de la población por sobre otras consideraciones. Hoy es tiempo de acordar una reforma en pensiones.

Por otro lado, en estas semanas también hemos observado que es necesario elevar el rol que tienen en el debate las partes interesadas. Hace décadas estas han participado activamente, pero no precisamente facilitando los cambios, sino que oponiéndose recurrentemente a las reformas. Proyecto tras proyecto se ha expresado esencialmente una defensa del status quo y, hasta ahora, la asociación de administradoras se ha excusado de participar del actual debate legislativo.

A su vez, esta semana se destacó en prensa un análisis encargado por la referida asociación de AFP, en el que se plantea que variando algunos supuestos que inciden en el Fondo Integrado de Pensiones este colapsaría. El mensaje que se desprende alimenta temores respecto de la sostenibilidad del seguro social y desinforma al sacar conclusiones a partir de escenarios donde el monto de los beneficios es distinto al que se busca legislar, o al no considerar los ajustes naturales que deben darse ante cambios en otras condiciones. Mucho mayor utilidad tendría que, ante los riesgos que todo sistema enfrenta, se aportaran experiencias y buenas prácticas para una gobernanza de primer nivel.
Se abre ahora una oportunidad para avanzar en un buen debate sobre la reforma de pensiones, privilegiando así las prioridades ciudadanas. Recorrer ese camino amplio de diálogo debería ser la principal tarea luego del receso legislativo, sin volver a distraernos con los retiros.