En el aniversario del primer año de gobierno, el Presidente Piñera anunció una reforma para aumentar las facultades de Carabineros para realizar controles preventivos de identidad. Recordemos que en el pasado gobierno ya se amplió esta facultad, permitiendo a nuestras Fuerzas de Orden solicitar que cualquier persona se identifique -salvo menores de edad- aún sin que haya indicios de que se hubiera cometido un delito. Lo anterior fue bastante criticado en su momento por expertos y, con las cifras incompletas que actualmente se tienen, no hay evidencia de que esto sea útil para el objetivo perseguido, es decir, la prevención de delitos.

A pesar de lo anterior y de una serie de abusos policiales que se han conocido en el último tiempo, el gobierno quiere otorgar facultades a Carabineros para que puedan registrar las pertenencias de las personas, sin necesidad de indicio de la comisión de un delito, incluyendo a menores de edad mayores de 14 años -a pesar de que en el caso de estos últimos, la cifras evidencian una disminución en la comisión de ilícitos-. No deja de llamar la atención que este tipo de políticas públicas se anuncien sin evidencias que las sustenten.

A juicio de la ministra vocera, «quien nada hace, nada teme». Sin embargo, a la luz de casos como el asesinato de Catrillanca y la detención del adolescente que lo acompañaba en el tractor (junto a otros hechos que han demostrado arbitrariedad en el actuar de Carabineros y una falta de control del poder civil), tenemos mucho que temer, a pesar de que no hagamos nada. Se requiere de una real y profunda reforma a Carabineros, para que de mayor rendición de cuentas de su actuar, y así, cualquier nueva facultad no pueda ser utilizada en desmedro de la ciudadanía y, particularmente, de las personas más vulnerables (que pueden ser víctimas de actos arbitrarios y discriminatorios por parte del Estado).

Resulta grave que se quiera implementar este tipo de medidas sin que haya evidencia que la sustente, salvo el lograr más votos. La política debe estar al servicio del bien común y de la ciudadanía, no de los gobernantes para mantenerse en el poder.