Los municipios históricamente han sido estructurados como el gobierno de los vecinos, y la participación ciudadana es uno de los aspectos que definen su identidad. Por eso el sistema constitucional les reconoce autonomía, porque sus máximas autoridades tienen legitimación democrática directa en sus territorios, la misma que inviste el Presidente de la República o los miembros del Congreso.

Pero, además, para una cantidad importante de chilenos los municipios son el primer contacto con el Estado, en cosas tan diversas como la atención en salud, la educación, la mantención de las vías públicas o los parques, los permisos básicos para el desarrollo de una actividad, el pago de beneficios sociales, el retiro de los residuos o la comparecencia ante un juez por una infracción de tránsito, urbanística o del consumidor.

Eso explica que las autoridades municipales sean difíciles de identificar a partir de sus orientaciones políticas, que sus actuaciones estén marcadas por un sesgo ejecutivo y que las consecuencias de tener una inadecuada gestión local, o ser gobernados por un impune operador político, pueda definir los destinos de una comunidad.

Por eso los alcaldes suelen jugar en los límites de la legalidad. Sus demandas locales disputan con habitualidad las competencias de las autoridades nacionales, porque en una buena cantidad de ocasiones terminan por promover políticas que tratan de satisfacer sus requerimientos particulares, desafiando políticas públicas nacionales o poniendo en riesgo el sistema de derechos constitucionales.

Eso es lo que subyace a la consulta ciudadana que llevaron a cabo conjuntamente el día de ayer las municipalidades de Las Condes, Lo Barnechea, Colina, Antofagasta, Quilpué, Peñalolén y La Florida, para implementar el denominado “modelo islandés”, que puede terminar por restringir la circulación de menores de edad en la vía pública en horas de la noche por una simple vía administrativa.

El elemento común de quienes participan de esta consulta son municipios que, en el pasado, ya han intentado regular mediante ordenanzas asuntos que limitan libertades públicas en base a “demandas” locales en casos en los que limitan libertades públicas en base a demandas locales, en casos en los que la Contraloría o los tribunales han declarado su ilegalidad, porque a través de ellas se usurpan atribuciones del Congreso.

Los municipios deben comprender la importancia que cumplen en el sistema institucional, y ello parte por reconocer el límite de sus competencias. De lo contrario, pueden generar expectativas que son imposibles de cumplir, transformando sus propuestas en simples anuncios populistas que pueden terminar por deslegitimar consultas de este tipo, en momentos en los que la confianza en las formas democráticas se encuentra sujeta a peligrosas tensiones y con voceros dispuestos a eso.