La propuesta era pragmática, pues permitía elevar las pensiones de los jubilados actuales y los próximos a jubilarse con un bajo costo fiscal. También permitía redistribuir hacia las mujeres y personas de bajos ingresos, y a la vez premiar a quienes habían cotizado con mayor frecuencia. A pesar de ello, la idea no concitó el apoyo necesario en la Cámara, siendo rechazada por las oposiciones de entonces.
En el 2018, la administración de Piñera propuso subir la cotización individual y apoyar por la vía fiscal a los jubilados que no se beneficiarían de la mayor cotización. También propuso un subsidio para quienes hubiesen contribuido por muchos años sin lograr un cierto nivel de pensión. El costo fiscal estimado era de 0,74% del PIB, el que se financiaría con holguras fiscales (holguras que, por lo demás, no existen cuando el balance estructural es deficitario).
Ese proyecto tampoco avanzó y, luego del estallido social, Piñera propuso algo en la línea de la idea inicial de Bachelet: la creación de un fondo común administrado por una institución pública autónoma. El proyecto fue aprobado en la Cámara, consiguiendo los votos de la derecha que Bachelet no logró. Sin embargo, en el Senado, la centroizquierda exigió más y el proyecto se detuvo.
Solo la PGU, financiada íntegramente con recursos fiscales, ha concitado apoyo transversal. Su aprobación a inicios del 2022 permitió aliviar la situación de pensionados actuales y ampliar la cobertura del Pilar Solidario. También dio más tiempo a la discusión política sobre el destino de eventuales mayores cotizaciones.
Lo que sigue es conocido: el gobierno de Boric modificó sustantivamente su propuesta de campaña, y se sumó a la idea de crear un fondo común para apoyar a los pensionados actuales y a los que vienen, además de crear espacios de redistribución intrageneracional.
A pesar de haber apoyado a Piñera en la idea del fondo común, la derecha hoy dice que el piso para una reforma es reconocer íntegramente la propiedad individual de los fondos. Así, al cerrar la puerta al ahorro colectivo, los problemas de suficiencia de las pensiones actuales y las necesidades de redistribución se tendrían que resolver con fondos fiscales. Es cierto que la PGU modificó el escenario, lo que justificaría este cambio de opinión. Pero también es cierto que cada vez será más difícil financiar el componente de seguridad social exclusivamente con recursos públicos.
De acuerdo con las estimaciones iniciales, la PGU actual cuesta cerca de un punto del PIB, mientras que los cambios tributarios que se realizaron para financiarla sumaban solo dos tercios de ese total. Esos cambios tampoco se implementaron de inmediato y dieron tiempo a los contribuyentes para ajustarse y eludir nuevos impuestos como sucedió con el IVA a los servicios, que era parte de ese paquete. Así, el gasto actual en la PGU no está financiado, diluyendo el acuerdo de que ‘a gastos permanentes, ingresos permanentes’. Sería interesante conocer de parte de Dipres cómo se está financiando lo que falta.
A ello se agrega que la propuesta de subir el valor de la PGU y universalizar su cobertura —para incluir principalmente a hombres de altos ingresos que no son beneficiarios en la actualidad—, cuesta unos 0,7 puntos del PIB. Este monto se multiplicará en el tiempo debido a la demografía del país y a los reajustes a la prestación que, de aprobarse, seguramente sucederán en el futuro.
¿Es posible financiar de manera sostenible un sistema solidario solo en base a recursos fiscales? ¿De dónde obtener nuevos fondos? Una parte podría venir de eficiencia en el gasto público o de mayor crecimiento. Pero ello pasa por reformas legales que necesitan un apoyo transversal en el Congreso y que hoy no tienen (cerrar programas, desnotarizar, abrir el cabotaje marítimo, otorgar mayores facultades al Sernac, etc.). Otra podría venir de una reforma tributaria. Pero quienes desean financiar solidaridad con fondos públicos no parecen estar disponibles para elevar la carga tributaria en línea con esa idea.
Las restricciones fiscales son reales y la dificultad política para acordar formas de aliviar esas restricciones hace que la idea del fondo común siga siendo la vía más pragmática para financiar mayor solidaridad en las pensiones. Por lo demás, en distintos momentos de los últimos cinco años, prácticamente todos los sectores políticos en el Congreso lo han apoyado. Hacia fines del 2019 hubo acuerdo en la Cámara para crear un fondo común. El problema de las pensiones no puede seguir esperando. Construir sobre lo ya acordado parece el camino más razonable.
