Había pasado poco tiempo de los aplastantes resultados del plebiscito cuando el pudor se extravío con facilidad. En pocas horas, distintas personas ya hablaban de sus candidaturas para la Convención Constitucional, reclamando para sí mismas un derecho; un símbolo de estos tiempos, una manifestación más del individualismo radical en el que hemos transformado la política, unos propagandistas de sus propias opiniones.

Luego de la crisis de octubre y el pacto de noviembre de 2019, que viabilizó el plebiscito constitucional, los partidos políticos invitaron a los independientes a participar del proceso. Ahora, tras los resultados, los mismos que cursaron esa invitación imponen condiciones, señalando un manto de sospecha sobre los orígenes de los ‘independientes’ que desean competir en igualdad de condiciones. Pero algunos de estos últimos también han construido su protagonismo con un mensaje moralista: el de los puros, de los no contagiados. Y, como sabemos, ese discurso tiene un triste pasado, porque encierra la pretensión de verdad universal.

Mientras ocurren estas disputas —que deberán resolverse antes de enero, fecha de inscripción de las candidaturas para convencionales—, lo que debería preocuparnos son las condiciones en las cuales se realizará el proceso deliberativo de la constituyente, especialmente por las restricciones que enfrentamos y que, como van las cosas en el mundo, con seguridad sufriremos durante el invierno de 2021.

En la actualidad el país sigue bajo un estado de excepción constitucional de catástrofe. Si se mantiene la compleja situación sanitaria el Presidente continuará prorrogando esta declaración, por lo que en marzo de 2021, cuando se habrá cumplido un año, deberá solicitar la aprobación del Congreso para extender dicho estado. Ese momento será escenario de una ácida disputa.

Pero los meses que vienen son incluso más críticos. Por los problemas de gestión de la pandemia por parte del Estado; la desconfianza en la información; el impacto que la crisis sanitaria seguirá teniendo en el empleo; y la fatiga de las personas por el cumplimiento de las medidas sanitarias. Pero, también, porque las incertezas de hoy, ya no las del futuro que trata de articular la nueva Constitución, exigirán al sistema político tomar conciencia de la responsabilidad que recae sobre sus decisiones. Los errores que se cometan estas semanas pueden afectar seriamente la discusión constitucional, pero, además, la gestión y estabilidad de las autoridades nacionales, regionales y locales que serán electas en los próximos meses.

Hoy más que nunca necesitamos de la política, la responsabilidad de los partidos y la estabilidad de las instituciones. Porque, como pocas veces en nuestra historia, de una generación depende íntegramente el futuro de las que vienen.