EI día de hoy -salvo que haya cambios de último minuto-, la Comisión de Constitución del Senado recibirá en audiencia a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, que es propuesta por el Presidente Piñera para integrar la Corte Suprema. Se trata de un trámite usual, donde los senadores hacen ciertas consultas ala persona propuesta y luego emiten un informe con recomendaciones para el resto de los miembros del Senado, sobre la conveniencia de designar o no a esa persona en el cargo.

Son varios los altos cargos de nuestro país que son designados de esta forma: el fiscal nacional, el contralor general, consejeros del Servel, del Consejo para la Transparencia y miembros del Tribunal Constitucional, entre otros. Sin embargo, se ha vuelto usual que el procedimiento de elección o nombramiento sea criticado, por distintas razones: porque imperan criterios de cuoteo político, por la excesiva politización de ciertos nombramientos, por la falta de transparencia del proceso de elección o por las negociaciones tras bambalinas para los nombramientos.

La participación de una cámara del Congreso, a través de miembros electos directamente por la ciudadanía, le daría mayor legitimidad democrática al nombramiento de cargos en los cuales no hay una participación ciudadana directa. De este modo, serían nuestros representantes quienes escogerían por nosotros, incorporando los diversos intereses del electorado.

Lo anterior, sin embargo, debe exigir unas condiciones mínimas: escrutinio de la persona propuesta y que cumple con las competencias y habilidades propias del cargo por sobre cualquier otra consideración como lazos de amistad o cercanía a partidos políticos, transparencia en las audiencias y reuniones que se sostengan para lo anterior y rendición de cuentas de las razones que se tuvieron para votar a favor o en contra.

Esta última designación ha estado envuelta en polémicas por acusaciones de posibles irregularidades, razón por la cual esperamos que el Senado actúe con un alto estándar de escrutinio, transparencia y rendición de cuentas, para darle la seguridad a la ciudadanía de que quienes integran nuestra Corte Suprema, son personas íntegras y con las mayores competencias.