Hace algunas semanas, la Superintendencia de Servicios Sanitarios inició un procedimiento para caducar la concesión de Essal, la empresa sanitaria responsable de la crisis de Osorno. El ministro de Obras Públicas, sin embargo, sostuvo recientemente que la caducidad tendría varios riesgos legales. Para empezar, la recolección de aguas servidas solo sería económicamente viable cuando se realiza en conjunto con el suministro de agua potable, pero la regulación aplicable impediría declarar conjuntamente la caducidad de estas dos concesiones. Enseguida, existiría un número importante de activos que están excluidos de la concesión de agua potable, pero resultarían determinantes para su operación. Al igual que en otras oportunidades, la legislación se muestra incapaz de enfrentar una situación completamente previsible, como lo es que una empresa regulada tome malas decisiones y se vuelva inviable.
Tomemos algunos ejemplos. En 2003, se creó la denominada “ley corta” que permite intervenir una isapre en problemas financieros, empaquetando su cartera de afiliados para licitarla a un tercero. De manera similar a las concesiones sanitarias, el problema consistía en que asegurar a los usuarios con peores niveles de salud solo era viable cuando se realizaba conjuntamente con usuarios sanos, pero cuando una isapre enfrentaba problemas de solvencia o quebraba, el regulador carecía de atribuciones para empaquetar ambos tipos de carteras. Algunos años después se creó otra «ley corta», esta vez respecto del Transantiago, que creaba la figura del administrador provisional y establecía que todos los bienes necesarios para garantizar la continuidad del servicio quedaban afectos a la concesión. En ambos casos se recurrió a esta legislación de urgencia porque las reglas vigentes eran insuficientes para lidiar con empresas inviables, como lo fueron en su momento Vida Plena o SuBus.
En nuestro país, muchas empresas participan de mercados en los cuales existe un interés público evidente por mantener la continuidad del servicio. En algunos casos se trata de una continuidad física, como el agua potable, el transporte público o la electricidad. En otros, de una continuidad de flujos financieros, como con las isapres, las AFP o los bancos. Ahora bien, en todos estos mercados puede ocurrir que una empresa cometa errores, tome precauciones insuficientes, o por cualquier otra razón ponga en peligro este interés público. La crisis de Osorno muestra que las herramientas para proteger la continuidad del servicio suelen ser insuficientes. También muestra que los problemas legales con que se encuentran nuestros reguladores tienden a repetirse, sin que todavía seamos capaces de aprender de nuestros errores y tomar medidas para anticipar la siguiente crisis.
