La semana pasada, un trabajador, Miguel Ramírez, harto de la tramitación que le había dado el Estado para el pago de sus licencias médicas que lo tenían sin ingresos por un tiempo considerable de meses, entró a una oficina pública repleta de personas y decidió, en señal de protesta, descargar el extintor en su interior. El hombre, en su silla de ruedas, fue detenido por la policía y se anunciaron querellas en su contra. Había sido citado para ese día por un funcionario, quien se encontraba con permiso, según se informó. La respuesta de la dirección del establecimiento tras los hechos fue simplemente burocrática.

La acción expresó la frustración que provoca un sistema que desconoce cuestiones elementales, como la atención digna que el Estado debe proveer a las personas, un asunto básico especialmente cuando se demandan tratos justos para enfrentar la desesperanza de una desgracia.

Lamentablemente, casos como estos son más habituales de lo que se cree y desde hace algún tiempo la Corte Suprema ha tenido que resolverlos sistemáticamente. Son asuntos en los que se rechazan licencias médicas, algunas por prolongadas enfermedades y otras por declaraciones de incapacidad laboral. En todos ellos, han pasado meses y en algunos casos años, tiempo en que esas personas y sus familias mantienen total incertidumbre sobre sus ingresos y fuentes laborales.

La Corte ha señalado que la autoridad no puede formular esos rechazos en base a antecedentes simplemente documentales, prescindiendo de evaluaciones médicas elementales que permitan decidir si el descanso ordenado por otro médico es correcto. En todos ellos ha indicado, sin ambigüedades, que “ante situaciones tan definitivas para las personas cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad”, debiendo respetar “los principios de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder”.

Los tribunales cumplen un rol determinante en la protección de los derechos de las personas, pero cuando existe masividad y recurrencia de esos conflictos como sucede en diversos temas vinculados al sector salud existe masividad y recurrencia de esos conflictos, como sucede en diversos temas vinculados al sector salud, entonces la posibilidad de acción de los jueces es limitada, demostrando una impotencia colectiva ante la ausencia de soluciones efectivas por parte del Ejecutivo.

Y es que la reforma del Estado es más que simplificar permisos para proyectos de inversión o generar plataformas digitales, como se ostenta por estos días. Es también preocuparse de la dignidad del trato, de personas que simplemente piden ser acogidas en el problema que desvela sus noches y dificulta su existencia, porque sin esa preocupación elemental las demás son declaraciones retóricas, especialmente cuando la indignidad y desesperación corroe en los pasillos de oscuros servicios públicos.