
“Se mandan solos” fue la expresión más recurrentemente utilizada por políticos
y columnistas para referirse a la situación ocurrida en el Ejército, tras la
filtración de las declaraciones de su comandante en jefe. Pero esto, que a
muchos pareciera sorprender, es la consecuencia de un diseño institucional y
una cultura desarrollada a su alrededor que ha transformado en excepcional el
control civil de las Fuerzas Armadas.
Tras el modelo impuesto por la dictadura, las FF.AA. han gozado de una
autonomía que ninguna otra institución del sistema democrático tiene. Su
sistema de financiamiento —con fondos provenientes de la Ley del Cobre— les
ha permitido ingresos permanentes al margen de los establecidos en la Ley de
Presupuestos; han gozado de libertad en la gestión de su patrimonio,
especialmente a través de los patrimonios de afectación fiscal, mecanismo que
las ha transformado en verdaderas gestoras inmobiliarias; sus dotaciones son
calificadas de reservadas porque se puede afectar la seguridad nacional,
cuestión que en el último tiempo ha sido sistemáticamente ratificada por la
Corte Suprema; gestionan bienes públicos o regulan actividades de interés
económico —como el borde costero o las empresas de seguridad privada— en
las cuales existen los mismos problemas de puerta giratoria que en otros
ámbitos; son responsables de empresas del Estado cuyo gobierno corporativo
está a cargo de la oficialidad, empresas que a su vez tienen autorización para
constituir filiales de difícil o imposible control público, y gozan, finalmente, de
grandes poderes de compra, sujetos a una amplia discrecionalidad y con altos
grados de opacidad, una combinación perfecta, como señala la literatura
especializada, para facilitar la corrupción.
Si a esto agregamos que las instituciones armadas disponen de un régimen
previsional y de salud separado del resto de los chilenos y sobre el cual existen
evidentes privilegios, así como la deslealtad que han demostrado en la entrega
de información sobre violaciones a los derechos humanos, la idea de tener un
Estado dentro del Estado pareciera no ser tan lejana de la realidad.
Desde el retorno a la democracia ese modelo no sólo se ha mantenido; por el
contrario, se protegió creyendo que en la posibilidad de remover a los
comandantes en jefe estaba el verdadero poder civil. Esa ingenuidad es la
misma que hoy cree que sólo regulando las compras de armamento es posible
resolver estos problemas. Lo que al parecer no hemos entendido es que el
problema es mucho mayor. Es un sistema institucional diseñado originalmente
para establecer su completa autonomía del poder civil, generando una cultura
que será difícil de cambiar no sólo en las Fuerzas Armadas, sino que también
en la política, que ha aceptado esta anormalidad desde 1990 hasta hoy.