El ministro Giorgio Jackson señaló días atrás que la nueva Constitución es una condición esencial para el cumplimiento del programa del gobierno y que, sin ella, la administración del Presidente Boric se quedaría ‘sin herramientas para ejecutar’ sus propuestas.

Las declaraciones del ministro son arriesgadas porque vincula el éxito de la Convención —cuyas normas aún se discuten— con el del propio gobierno. A menos, por cierto, que los mensajes de Jackson estén dirigidos a la Convención, especialmente a quienes han forzado discusiones maximalistas que pueden comprometer el proceso.

El asunto no es trivial. Las comisiones se encuentran en proceso de elaboración de sus informes; buena parte de las normas han sido devueltas por el pleno y en el caso de la Comisión de Sistema Político su extensa propuesta recién se discutirá esta semana. El elemento común de todos estos informes es que son parciales; prolíficos en cantidad de artículos; habitualmente mal redactados, porque lo que se define como texto de consenso es resultado de iniciativas superpuestas que terminan provocando redundancias y contradicciones; cada comisión ha querido redactar su propia Constitución y, por lo mismo, existen una cantidad importante de propuestas que son más que habilitaciones para que el sistema democrático adopte las mejores opciones en el futuro: son concretas definiciones de política pública. Esto puede ser aún más complejo cuando la Convención comience a discutir las normas transitorias, un espacio donde es posible terminar por construir una Constitución paralela para evitar la amenaza de la dilación en la implementación de muchas iniciativas que podrían quedar como simples declaraciones.

Todo debe suceder en las próximas seis semanas: según el cronograma fijado por la Convención, la etapa de armonización comienza a fines de abril, dejando el mes de junio para que esta discuta y vote las indicaciones de la parte final, cerrando con eso la propuesta que se plebiscitará.

La advertencia de Jackson es correcta, porque el desafío que enfrenta el gobierno no sólo es evitar que el plebiscito de salida sea divisionista y una especie de referéndum de sus primeros meses. Además, necesita que, en el caso que el resultado del plebiscito sea favorable, el texto de la Constitución aprobada —que no será la elaborada pieza jurídica que muchos creen— permita al Ejecutivo negociar razonablemente sus propuestas en un Congreso en el cual no tiene mayorías. Si las normas transitorias son extremadamente detalladas en cuanto a las acciones que se deben ejecutar, la administración Boric puede enfrentar la paradoja de convivir con dos Constituciones: una permanente que exprese sus deseos, y otra transitoria, que dificulte su gestión inmediata.