Hace una semana se realizaron elecciones parlamentarias en Argentina. Votó alrededor de un 79% del padrón electoral, en un país que tiene voto obligatorio pero que en la práctica no existen sanciones para los que no votan. Dos ex presidentes resultaron electos como senadores: Cristina Fernández y Carlos Menem. Ellos, además, han sido objeto de investigaciones en su contra: ella por casos de lavado de dinero, entre otros, y él por contrabando de armas (fue condenado).

En Brasil, un poco más del 50% de los parlamentarios ha sido o está siendo investigado por la justicia por diversos motivos. Además, recientemente el Presidente de ese país logró sortear las investigaciones por corrupción contra él con el apoyo de la Cámara de Diputados.

En nuestro país, ¿sabemos si los candidatos o candidatas tienen cuentas pendientes con la justicia o han sido condenados? A mi juicio esta información es relevante, especialmente en casos relacionados con corrupción. ¿Le importa a los chilenos si su candidato o candidata es corrupto/a? En una reciente encuesta realizada por Ipsos y Espacio Público, ante la pregunta de si cambiaría su voto si supiera que su candidato recibió un soborno un 63% respondió que probablemente o muy probablemente lo haría. Sin embargo, un 35% de los encuestados señala que no lo haría. Esta última cifra es preocupante.

A pesar que la ciudadanía suele manifestar que no confía en las instituciones políticas, un alto número de personas no cambiaría su voto si se entera que el candidato de su predilección ha cometido actos de corrupción. Si bien Chile suele tener índices de percepción de corrupción más bajos que los vecinos, la tolerancia a ésta que muestra esta encuesta no es una buena noticia. No solo debemos tener normas que sancionen de manera drástica estos actos, sino una ciudadanía que no tolere estos delitos ni apoye a candidatos que los cometan.