En su editorial de ayer referido al proyecto que ampliaría los controles de identidad preventivos, al igual que buena parte del debate público, se pone énfasis en el análisis de un aspecto altamente debatido de esta propuesta: su potencial ampliación a menores de 18 años. Con todo, queda fuera otro igualmente problemático. El proyecto contempla una enorme ampliación de facultades policiales, ya que, tratándose de los adultos, se propone que los funcionarios puedan —junto con restringir la libertad a través del control de identidad de cualquier persona que, como señala el editorial, ‘de ninguna manera pueden ser vinculadas a alguna actividad delictiva o siquiera ilícita, y que tampoco pretenden el ingreso a lugares cerrados’— registrar sus vestimentas, equipajes y vehículos. Es decir, los derechos a la libertad, la intimidad y la privacidad de las personas podrían ser restringidos de manera intensa por las policías sin necesidad de que justifiquen o den motivo alguno para su actuación, sino solo por el hecho de desplazarse en un lugar público o privado de acceso público. Recordemos que en la actualidad se hacen alrededor de 4,5 millones de estos controles preventivos al año en Chile.

Como señala su editorial, una facultad de este tipo solo se legitimaría en la medida que sea proporcionada, es decir, si se puede demostrar que es necesaria y es eficaz para alcanzar su objetivo. No hay ninguna evidencia seria que apoye su necesidad y eficacia como estrategia en la disminución y prevención del delito. La evidencia nacional y comparada apunta más bien en la dirección opuesta. El debate legislativo, en cambio, ha estado plagado de afirmaciones sin sustento empírico y con imágenes equivocadas de nuestra realidad y el derecho comparado. Si de verdad nos interesa mejorar los problemas de seguridad ciudadana que afectan a los chilenos cotidianamente, ¿cuándo nos vamos a tomar en serio esta materia?