Mucho se escribe y habla de democracia. A diario podemos ver cómo todas y todos los miembros de nuestra sociedad cuestionan, desde antaño, distintos aspectos referidos a ella: desde la representatividad de quienes legislan, hasta los motivos por los cuales se promueven proyectos de ley. Sin embargo, pocas personas se han detenido a analizar que uno de los cimientos fundamentales sobre los cuales ella se erige, no es respetado ni garantizado por el Estado; se trata de la participación ciudadana en su forma más directa, el derecho a sufragio.

Históricamente, las personas privadas de libertad no han podido sufragar, pues el Estado no se ha hecho cargo de implementar un mecanismo electoral que lo permita, configurándose de esta manera en una privación de derechos por omisión que, lamentablemente, a pocos escandaliza. Conviene resaltar que se trata de personas perfectamente habilitadas por la Constitución para hacerlo, al no estar dentro de las hipótesis que permiten la restricción: que se haya presentado acusación por un delito que merezca pena aflictiva (tres años y un día) o bien, la pérdida de la ciudadanía por haber sido condenada a una pena aflictiva.

En ese contexto, resulta relevante la discusión que este martes 2 de abril se dará en la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización de la Cámara de Diputados, sobre el proyecto de ley N° 11249-06 de mayo de 2017, que busca garantizar el ejercicio del derecho a sufragio de dichas personas. Esta puede resultar una instancia fructífera para quienes aún no se han dado cuenta que debemos comenzar por el principio: más allá de las diversas opiniones que pueda tenerse sobre las personas que delinquen, lo cierto es que para construir una democracia sólida es necesario hacerlo desde las bases, aceptando la participación de todas y todos y no solo la de quienes puedan dar ventajas a los intereses de quienes hacen política.

No deja de ser llamativo que en la medida que las personas privadas de libertad no tengan capacidad de incidir en la política, no existirá por parte de las autoridades incentivo ni interés alguno por ocuparse de un tema que, como es la delincuencia, manifiesta graves problemas de segregación, educación y discriminación en una sociedad donde, a la luz de la experiencia y contingencia, se sigue encarcelando la pobreza.