Las finanzas públicas están apretadas y están así desde hace un tiempo. La adopción de la regla de balance estructural hace un par de décadas ha permitido mantener la deuda pública en niveles sostenibles y cumplir con los compromisos que el Estado ha adquirido con la ciudadanía incluso en tiempos difíciles. Sin embargo, la regla no ha sido suficiente como para impedir déficits fiscales casi continuos en los últimos diez años y, por consiguiente, una deuda neta creciente. No es el nivel lo que preocupa; es la tendencia.

Parte de esta situación se relaciona con la inercia que caracteriza al gasto fiscal en Chile y en toda democracia en el mundo. Las holguras que estima Dipres para los cuatro años que vienen —la diferencia entre el gasto compatible con la meta de déficit estructural y el gasto comprometido— son muy pequeñas y seguramente sobreestiman el espacio fiscal disponible. Como nos recuerda habitualmente el Consejo Fiscal Autónomo en sus informes, estas proyecciones no consideran gastos que seguramente sucederán, como reajustes reales de las remuneraciones de los trabajadores del sector público, de las subvenciones educacionales y del per cápita en salud, entre otros. Adicionalmente, el costo de la PGU en su esquema actual podría duplicarse en 20 años, en caso de otorgarse reajustes reales en línea con los salarios.
Al mismo tiempo, los espacios para recortes de gasto no son grandes porque detrás hay compromisos adquiridos por ley con la ciudadanía. Para retirar algunos de esos gastos —por ejemplo, en los llamados ‘programas mal evaluados’— se requiere de acuerdos políticos transversales. El Gobierno encargó a la OCDE un estudio para determinar los recursos que una mayor eficiencia podría liberar. Pero su implementación seguramente tendrá que pasar por el Congreso.

La tendencia fiscal también se explica por ingresos que no han crecido a la par con los compromisos. Detrás de ello están los menores recursos que hoy recibe el Estado desde la minería, en comparación con el pasado reciente. También está una economía cuyo crecimiento tendencial ha ido cayendo sistemáticamente en los últimos 15 años. Por supuesto, crecer más rápido de manera permanente no se logra de un día para otro. Además, muchas de las medidas que ayudarían requieren de pactos políticos porque afectan a grupos de interés.
El Gobierno ha comprendido este problema y ha actuado en concordancia. En particular, es importante recordar que retiró buena parte del gasto público excesivo del 2021 durante el 2022, un año de elecciones.
El presupuesto que se propone para 2024 representa un aumento del gasto en línea con el crecimiento promedio esperado de los ingresos fiscales estructurales para 2023-2027, según las proyecciones de Dipres en el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre. Este crecimiento, de acuerdo con Hacienda, será más alto que el crecimiento esperado efectivo y tendencial del PIB no minero. Seguramente, el contenido y los supuestos de estas proyecciones serán materia de discusión en el Congreso en las presentaciones que hará el ministerio la semana que viene. Ello es clave para evaluar su concordancia con la convergencia hacia la meta definida por el Gobierno de un déficit estructural de 0,3% del PIB en 2026.

Adicionalmente, el proyecto refuerza las normas generales sobre convenios y transferencias a instituciones privadas sin fines de lucro en línea con las propuestas de la Comisión Jaraquemada. Es de esperar que este tema sea uno de los ejes de la discusión durante la tramitación del proyecto de ley.

Por cierto, como el presupuesto se basa en proyecciones, existen riesgos. Ellos incluyen las presiones a reducir los ingresos fiscales —como el intento por eximir las primeras viviendas de contribuciones—, el cómo se resuelva la crisis financiera de las isapres, y lo que suceda con la economía mundial, entre otros.

Pensando en el mediano plazo, hay un riesgo también en no acordar un pacto fiscal que detenga la tendencia persistente hacia déficits efectivos. Ello significaría no poder responder de manera sostenible a las demandas por mayores y mejores servicios del Estado, que van de la mano del desarrollo. Un pacto fiscal debe incluir mayor crecimiento, mayor eficiencia en el gasto y también una mayor recaudación. Para que el pacto sea realista y duradero debe contar con un respaldo político amplio. En su construcción, clave será el clima con el que se dé la conversación sobre el presupuesto en el Congreso.