Los polémicos convenios firmados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva han colmado el debate público. Los hechos deben ser exhaustivamente investigados, sancionándose las eventuales faltas administrativas o penales en que se haya incurrido. Al mismo tiempo, la conmoción es una oportunidad para avanzar en una agenda de probidad que se haga cargo de las brechas existentes.
El aspecto presupuestario del caso es clave. Democracia Viva recibió los recursos públicos en virtud de una partida del presupuesto fiscal destinada al financiamiento de municipalidades, que mediante una glosa permitió también las transferencias a instituciones privadas. Al ser clasificada como transferencia de capital (y no corriente), los recursos involucrados quedaron fuera de la obligación de concursabilidad del artículo 23 de la Ley de Presupuestos. Para tener un diagnóstico acabado sería conveniente disponer de un levantamiento de todas las transferencias del Estado a instituciones privadas. En el caso de las transferencias corrientes, sería necesario saber cuáles son las excepciones a la concursabilidad del artículo 23.
Aunque quedan aristas por entender, se vislumbran líneas de reforma. Un avance sería regular de manera permanente las transferencias del Estado a instituciones privadas. La obligación de concursabilidad podría ser establecida en una ley marco que otorgue criterios y procedimientos claros, superando la heterogeneidad con que se aplica el citado artículo 23. El Estado y las instituciones privadasse beneficiarían de una mayor certeza normativa.
Es ineludible revisar los gobiernos corporativos, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro, en particular de aquellas que reciben fondos públicos. Se debe apuntar a un equilibrio que exija responsabilidad e integridad a los cargos directivos, pero evite asfixiar la operación de instituciones que suelen trabajar en condiciones precarias. Además, el Registro Central de Colaboradores del Estado de la Ley 19.862 requiere una modernización que mejore su uso y asegure la entrega de información útil.
Los polémicos convenios no deben hacernos olvidar que existen otras apremiantes deudas de probidad. El ámbito municipal es el más obvio, según lo evidencian los múltiples casos de corrupción de los últimos años. La inclusión de las corporaciones municipales en la competencia de la recientemente creada comisión ministerial es una buena noticia. Las normas sobre transparencia del Estado, compras públicas, empleo público y regulación del lobby requieren ser actualizadas. Es de esperar que la respuesta a los actuales escándalos de corrupción esté a la altura de los mejores avances de las últimas décadas.
