En octubre el año pasado, realizamos una encuesta que buscaba perfilar a las y los constituyentes que la ciudadanía prefería. El trabajo de campo fue realizado los días previos al plebiscito. Bajo la convicción de que ganaría el Apruebo, nos era apremiante discutir cómo la ciudadanía deseaba que fuera la composición de la Convención Constitucional. Esta iniciativa fue el resultado de lo que ha sido nuestra prioridad institucional: contribuir con evidencia a la discusión pública, poniendo deliberados esfuerzos en cuidar la legitimidad del proceso que estamos viviendo.
Los resultados fueron claros. A la pregunta sobre cuáles perfiles de candidatura les daría más confianza, en primer lugar, las personas expertas en temas constitucionales, seguidas por profesionales destacados, y luego dirigentes de movimientos ciudadanos en una temática específica. El perfil que menos confianza generaba eran personas con trayectoria política y/o experiencia en cargos públicos. Del mismo modo, al consultar sobre la militancia, un 64% señaló que prefería votar por una persona que no tuviera militancia política. Lo anterior, se completó con la permanente preocupación de que el proceso fuera capturado por los mismos de siempre, lo que apareció en nuestros focus groups.
Esto fue complementado por un esfuerzo de múltiples actores por revelar la importancia de la participación de independientes en la Convención. Además, lograr contar con reglas electorales que les permitieran ser realmente competitivos y no tener solo una participación testimonial. Un momento único requería de excepcionalidades, lo que se hacía aún más relevante si pensamos que el proceso constituyente es el resultado de una fractura profunda entre la sociedad y sus instituciones. Hubiera sido un oxímoron pretender remediar esa fractura solo con los ya deslegitimados actores.
Los resultados de las elecciones fueron categóricos, el triunfo de los independientes fue incuestionable. Y éstos, a su vez, perjudicaron de mayor forma a los partidos de centroizquierda. Lo anterior, nos recuerda nuevamente la profunda crisis que viven nuestros partidos, y los desafíos que tiene el sistema completo. Los avances en probidad, transparencia y financiamiento público fueron un paso enorme, pero no han resuelto ni la deslegitimidad ni la ausencia de arraigo de bases en las que se encuentran, lo que explica en buena parte su incapacidad de incorporar demandas. En la efervescencia provocada por los resultados de la semana pasada, puede ser tentador buscar respuestas ficticias y cómodas para, más que enfrentar la crisis del sistema de partidos, terminar por desvalorizarlos.
Es tiempo de hacerse las preguntas correctas en vez de poner primero las respuestas rápidas. Y espero que, con la humildad del desafío, nos atrevamos a pensar cómo mejorar nuestro sistema de partidos. Porque quien pregunta nunca yerra, y en esto es nuestra democracia la que está en juego.