Luego de 45 días de trabajo, la Comisión Asesora Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y el Estado entregó sus recomendaciones. El resultado es un informe exhaustivo que identifica brechas y propone 46 medidas para hacerse cargo de ellas. El documento recoge trabajos previos de la sociedad civil, la academia y otras comisiones asesoras, y propone recomendaciones originales.
El informe destaca la importancia de las IPSFL para nuestro país. Una sociedad civil vibrante es signo de una democracia sana, debiendo el Estado resguardar su autonomía y facilitar el compromiso ciudadano. El justificado escándalo por el Caso Convenios (en el que se investigan 53 organizaciones) no debe empañar injustamente la labor de las restantes 339 mil IPSFL existentes en Chile.

En línea con lo señalado por Espacio Público y otros centros de estudio, la Comisión Asesora alerta sobre la forma en que las sucesivas leyes de Presupuestos han regulado las transferencias a instituciones privadas. La complejidad es tal que todavía no sabemos a ciencia cierta cuántos recursos transfiere el Estado a las IPSFL. La imprecisión y discrecionalidad de los calificadores presupuestarios, la falta de uniformidad en los estándares aplicables y el uso caótico de las glosas presupuestarias requieren esfuerzos urgentes de racionalización. Junto con las medidas de corto plazo, se requiere también de una ley permanente que regule de forma general las transferencias estatales a instituciones privadas.

La Comisión Asesora encontró asimismo brechas relevantes en materia de transparencia del Estado y sus registros, de transparencia activa y gobiernos corporativos de las IPSFL, y de los sistemas de control y sanción. Lo interesante es que muchas propuestas pueden ser implementadas con relativa rapidez por vía administrativa. Este es el caso de las mejoras a los registros estatales de IPSFL, que pasan por crear un portal de acceso único que permita la interoperabilidad de los distintos registros e incorpore información sobre las transferencias de recursos. Otras medidas requieren la intervención del Congreso, tal como la creación de un registro nacional de beneficiarios finales. En todo caso, su tramitación se beneficiaría de los abundantes insumos provistos por organizaciones nacionales e internacionales.
Los escándalos de corrupción son una oportunidad para avanzar en la agenda de probidad, para lo cual el informe de la Comisión Asesora es un valioso insumo. Tal como ahí se propone, el Estado debe comprometerse con la rendición de cuentas y trazabilidad de las medidas recomendadas, evitando que se transformen en letra muerta. La reconstrucción de las confianzas dañadas requiere un impulso renovado y constante de modernización del Estado.