Durante este año las nuevas reglas deberán imponerse a un escenario mucho más complejo que el del año pasado, tanto por los recursos disponibles en la contienda electoral como por la importancia de los cargos en disputa. A la luz de ciertas conclusiones obtenidas en las elecciones del año pasado, quisiera comentar algunos aspectos que ya comienzan a verse en este proceso en curso.

En primer lugar, uno de los avances más notables de las modificaciones que se hicieron a las campañas políticas fue la nueva definición de “propaganda” electoral y la regulación del período de precampaña. Una definición más amplia de la propaganda electoral impide que los candidatos abusen de las zonas grises que la anterior legislación contemplaba. Del mismo modo, para el caso de los candidatos presidenciales se reguló un período de precampaña, que comenzó con la inscripción de candidaturas el 3 de mayo.

Ambos mecanismos contribuyen a que las campañas no se adelanten a un período de tiempo que está fuera de la regulación en otros ámbitos, como el de los aportes y la rendición de gastos. Esto ya está controlado para los candidatos presidenciales, pero no se contempló la misma figura para otros cargos de elección, como senadores y diputados.

Muchos candidatos a estos cargos ya se encuentran en campaña, realizando actividades en terreno o difundiendo sus ideas en redes sociales. De ellos, los que estén inscritos a una elección primaria están en un período legal de campaña, lo que implica que deben dar cuenta de sus aportes monetarios y rendir sus gastos. Pero éstos son la minoría, pues primarias parlamentarias se van a realizar en pocos casos.

¿Qué pasa con los candidatos al Congreso que no participarán de elecciones primarias? En rigor, no debieran estar en campaña, cuestión que no es así. Es necesario sincerar, en el corto plazo, que el período de precampaña debe ser considerado también para elecciones a otros cargos, más allá del de Presidente, pues las actividades propias de una campaña electoral bien sabemos que comienzan antes del período legal, y necesitamos que tanto el financiamiento como el gasto en el que se incurre en este período esté regulado y sujeto al escrutinio público.

En segundo lugar, en el proceso electoral del año pasado vivimos una situación contraria al espíritu de las reformas en el aporte de los partidos a la campaña de sus candidatos, ya que esos recursos se rinden como gastos de los partidos (posterior a las elecciones) y no como aporte a los candidatos (que implicaría publicarlos antes de las elecciones). Un candidato puede presentar, previo a la elección, un aporte de recursos muy inferior al que efectivamente se está utilizando en el despliegue de su campaña. La diferencia de lo reportado, respecto de lo que realmente veremos en el despliegue de esas candidaturas, pondrá en entredicho la transparencia del proceso y no contribuirá a fortalecer el clima de transparencia e integridad que estas normas buscan consolidar.

En ambos temas –el período de precampaña y no rendir oportunamente los aportes de partidos políticos a las candidaturas– ciertas deficiencias en la definición procedimental de las nuevas normas que regulan el financiamiento electoral debieran transformarse en un incentivo para los candidatos y partidos políticos de atenerse al espíritu de la ley, a los principios que están a la base de las reformas, y no en un espacio de opacidad que permite obtener pequeñas ventajas o reservas de información. Sólo así las nuevas reglas serán percibidas por la sociedad como portadoras de un enorme potencial para ir revirtiendo, en el mediano plazo, la crisis de confianza hacia los actores políticos.