Aunque quisiéramos que las reformas en probidad pública fueran permanentes, lo cierto es que los avances significativos generalmente ocurren luego de escándalos de corrupción. Es lo que parece estar pasando con el caso Convenios. Este gatilló el nombramiento de la Comisión Asesora para la Probidad en la relación con fundaciones y corporaciones, que despachó un exhaustivo informe con 46 propuestas. La semana pasada, el gobierno anunció un plan de acción para traducir esas recomendaciones en 60 medidas legislativas y administrativas.

Considerando que los aspectos presupuestarios del caso Convenios son clave, las medidas de corto plazo incluyen cambios en la próxima Ley de Presupuesto. Se buscaría regular de forma general las transferencias corrientes y de capital a instituciones privadas (eliminando las diferencias injustificadas en sus tratamientos), apuntando a la concursabilidad como regla general y exigiendo mayores estándares a los receptores de los fondos, entre otros cambios. Se anunciaron también alrededor de quinientos ajustes a las glosas, que buscan alinearlas con el articulado permanente y consagrar excepciones únicamente en casos justificados.

Otra medida relevante es el ingreso de un proyecto de ley que crea el registro nacional de beneficiarios finales, que permitiría conocer quiénes están detrás de las personas jurídicas que operan en Chile. Se trata de una medida largamente impulsada por organizaciones internacionales y de la sociedad civil, que ayudaría a reducir los riesgos de corrupción, combatir el lavado de activos y fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

Se anunciaron avances en la tramitación de las leyes que mejoran la transparencia del Estado (Transparencia 2.0) y que robustecen la integridad municipal. Se ingresaría también un proyecto de reforma a la Ley del Lobby, que buscaría incorporar las últimas recomendaciones de la OCDE y abordar las nuevas formas de comunicación digitales.

En el largo plazo, se comprometió el ingreso de un proyecto de ley marco que regule las transferencias de recursos públicos a privados. Esto es clave para dar uniformidad y certeza a la relación entre el Estado y las instituciones privadas, permitiendo superar la transitoriedad inherente a las leyes de presupuesto anuales.

Aunque los anuncios son prometedores, el trabajo recién comienza. Como recomendó la comisión asesora, es fundamental que exista un compromiso del Estado con la rendición de cuentas, mientras que desde la sociedad civil debemos fiscalizar e impulsar la agenda. Como muestra la encuesta Chile Decide (UAH/Criteria), la justificación ciudadana de gobiernos no democráticos aumenta en contextos de alta corrupción. Así, en medio de un panorama global de expansión autoritaria, el combate contra la corrupción se transforma en un compromiso democrático irrenunciable.