El domingo se destapó un caso de espionaje del Ejército, a través de la Ley de Inteligencia del Estado, a cuatro militares denunciantes de casos de corrupción y a un periodista, Mauricio Weibel, quien destapó el Milicogate y es autor del libro «Traición a la Patria’

Es un caso preocupante porque demostraría que los recursos que disponemos para «proteger la soberanía nacional y preservar el orden constitucional» en parte pueden estar utilizándose no para tal fin, sino que para amedrentar o entorpecer investigaciones y denuncias de corrupción dentro del Ejército.

Si bien el ministro de Defensa salió rápidamente a defender el actuar del Ejército (señalando que estas intervenciones telefónicas se realizaron dentro del marco legal), si uno lee la Ley de Inteligencia puede intuir que esto no es tan cierto, particularmente en el caso de Weibel.

En primer lugar, las labores de la inteligencia militar deben ser aquellas necesarias para «detectar, neutralizar, contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional» y sus objetivos deben concordar con la política de defensa nacional y ser fijados por el ministro de Defensa. De este modo, se busca «resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico’

Aunque se haya contado con la autorización judicial para ello, es difícil creer que espiar a un periodista que investiga casos de corrupción sea necesario para lo descrito anteriormente. De hecho, suena a justo lo contrario.

Preocupa que en democracia se estén usando este tipo de recursos precisamente para lo contrario para lo que están establecidos, pero no sólo eso, sino que después de toda la información que hemos tenido de fraude en el Ejército y mal uso de gastos reservados se nos pida un nuevo acto de fe: creer sólo porque se nos dice que en este caso no hubo abuso en el ejercicio de las herramientas de inteligencia militar.

La ley prevé mecanismos de control externo de las labores de inteligencia y sanciones en caso de abusos o excesos, por lo que esperamos que se investigue y se establezcan las garantías para que periodistas o personas que develan la corrupción no sean perseguidos o espiados por esto.