Como muestran los datos, la sociedad chilena adolece de una profunda desconfianza en sus instituciones y en las relaciones interpersonales. Para varios, los hechos de octubre de 2019 son resultado de una crisis alimentada por esa desconfianza, y el acuerdo por una nueva Constitución era la oportunidad para recuperarla. Los resultados del plebiscito parecieron alimentar esa esperanza y la instalación de la Convención, pese a sus inconvenientes, representaba una oportunidad excepcional.

Sin embargo, han pasado más de nueve meses y, a poco de terminar el período de aprobación de normas, las confianzas están rotas. Los datos disponibles son consistentes en que las personas se han formado su opinión en base al proceso más que al resultado, y que las disputas ocurridas al interior de la Convención, con la publicidad que los propios convencionales les han otorgado, han terminado por perjudicar la lealtad hacia el proceso.

Cuando la Convención aprobó la cláusula del Estado social y los primeros derechos sociales, el símbolo que esto representaba se esfumó apenas un par de días después, cuando, frente al rechazo de un informe de la Comisión de Medio Ambiente, algunos convencionales trataron a otros de «traidores» y los denunciaron escandalosamente, con nombre y apellido. Ese momento representó todo lo que las personas enjuician negativamente de la Convención: un espacio de deliberación se transformó en uno de intolerancia.

Pero no es sólo eso. Días atrás convencionales de derecha, que han utilizado como estrategia el rechazo de indicaciones para sostener desgracias futuras, tan pronto se aprueban normas que les disgustan, terminan promoviendo interpretaciones que no se compadecen con lo aprobado. Han afirmado, por ejemplo, que los privados no podrán participar en la prestación de derechos sociales, o que la plurinacionalidad facilitaría una especie de fragmentación territorial con el riesgo de secesión futura.

Otros miran escandalizados las discusiones que en su opinión serían innecesarias o que no están en nuestra tradición constitucional, olvidando que un número de ellas tienen su origen en los debates asociados a las reformas a la Constitución de 1925, y otras en las ideas discutidas por el «Grupo de los 24» de 1978, las cuales se siguieron planteando tras el retorno a la democracia, a pesar de que la derecha las repudió, incluida la propuesta de Bachelet de 2018.

Mientras una crisis económica nos amenaza, algunos aún no se percatan que no existe nada más paralizante para las personas que la inseguridad, el miedo y la incertidumbre. Quedan sólo dos meses para recomponer esa confianza rota en la Convención, de modo que el rol de las comisiones de armonización y de normas transitorias resulta la última oportunidad para volver a las esperanzas que iniciaron este proceso.