Ahora es el turno de Argentina. Hace unas semanas se hizo público un presunto caso de corrupción que incluso ha llevado a declarar a la ex presidenta Cristina Fernández. Un ex chofer de la mano derecha del ministro de Planificación de los Kirchner anotó toda una bitácora de dineros o coimas que se repartían para ganar concesiones de obras públicas.

Se ha denominado a este caso «el Lava Jato argentino» y una serie de personas se han entregado a la justicia, acogiéndose a la figura del «arrepentido», un símil de la delación compensada, que ha sido esencial para la investigación en varios países de la región. Estos casos confirman la relación entre la corrupción y el financiamiento ilegal a la política.

Para ser elegido en cargos de elección popular se requieren recursos económicos, lo que ha llevado a diversos casos de corrupción: ya sea para obtener más ingresos para desplegar la campaña o para utilizar esos aportes para comprar votos. Como se ha comprobado, cuantiosas coimas en el caso Petrobras en Brasil terminaron en bolsillos de miembros del Partido de los Trabajadores. En España, una serie de personas fueron condenadas en primera instancia por el caso Gurtel, donde se solicitaban coimas, que fueron a parar a campañas políticas.

En Chile tenemos lo propio con los casos Penta, SQM y Corpesca. Afortunadamente la respuesta legislativa no tardó y hoy contamos con normas que transparentan gran parte del financiamiento electoral, fijan topes bajos y estrictos para aportes personales, prohíben el financiamiento de empresas, fortalecen la fiscalización del Servel y establecen sanciones más altas y proporcionales que, en casos graves, pueden implicar cesar en el cargo a la autoridad electa.

No estamos libres de que vuelva a fluir el dinero de modo ilegal para la política, pero al menos podemos decir que reaccionamos a tiempo para poner mayores dificultades a que esto ocurra y, de ser así, se sancione de manera contundente.