Queremos hacernos parte de la reflexión que está ocurriendo en nuestro país. Primero una autocrítica: no hemos actuado con la urgencia necesaria, por una desconexión de las élites con las privaciones que vive diariamente parte importante de la sociedad. Esta es una crisis que se origina tanto en graves desigualdades de ingreso como en la existencia de zonas de sacrificio, la exclusión de la ciudadanía de los espacios de poder y la precariedad de las condiciones de vida. Superar esta crisis tomará mucho tiempo; sin embargo, hay aspectos que deben ser abordados a la brevedad.
Entendemos que en este momento el objetivo principal es proteger las personas. Sin embargo, la presencia de militares en nuestras calles tiene riesgos para la democracia conocidos por las chilenas y chilenos que recuerdan las lecciones de nuestro pasado reciente. Por ello, pedimos a las autoridades dos medidas concretas:
Primero, que las labores necesarias para restablecer el orden público sean acompañadas por la sociedad civil. Aún en Estado de Emergencia, somos una democracia respetuosa de los Derechos Humanos, donde la sociedad juega un rol determinante para sostener los límites morales que legitiman el ejercicio de la fuerza. El gobierno debe adoptar medidas efectivas para asegurar este acompañamiento.
Segundo, pedimos al gobierno que comprometa la realización a la brevedad de una investigación independiente sobre lo ocurrido durante los últimos días. Como país necesitamos comprender dónde fallamos a la hora de prevenir lo ocurrido y adoptar los cambios institucionales indispensables para evitar que se repita.
Debemos eliminar los prejuicios de nuestro debate público: cualquier diagnóstico sobre lo ocurrido debe basarse en evidencia concreta. Al mismo tiempo, quienes hoy toman decisiones deben saber que mañana esas serán sometidas a escrutinio público. Entendemos que una emergencia obliga a actuar rápido y con información incompleta; pero nuestra democracia exige transparencia y control ciudadano. Si las condiciones de seguridad nacional limitan el acceso a esa evidencia, los restantes poderes deben cumplir el rol que les corresponde como contrapeso institucional. Debemos respaldar nuestras autoridades, pero también asegurar una adecuada rendición de cuentas.
Finalmente, convocamos al Ejecutivo, al Congreso Nacional y a los Partidos Políticos a preocuparse por la integridad y la calidad de nuestras instituciones. Una crisis de estas características requerirá diálogo, tiempo, tolerancia y disposición a acuerdos, de modo que la voluntad a conversar con buena fe es un imperativo de todos quienes tienen responsabilidades públicas.
Esta crisis refleja problemas agudos en nuestro modelo de desarrollo y formas de convivencia social. Se requieren estrategias de diverso plazo para hacerse cargo de la precariedad de quienes tienen menos, así como de la sensación de impunidad respecto de las transgresiones de autoridades y grupos de poder. Bajas pensiones, temor a la pobreza, carencias en salud, deficiente transporte público, drogas y alcohol en las escuelas, falta de espacios de participación, discriminación social y segregación urbana, contaminación, agua inaccesible y otras amenazas asociadas al cambio climático están entre los problemas que más angustian a la ciudadanía.
En Espacio Público llevamos siete años haciendo propuestas en estos temas; hoy nos proponemos convertirlas en medidas concretas para replantear las reformas que se discutían hasta hace pocos días. Estas medidas deben superar los meros proyectos de reforma legal y ciertamente deben incluir actores nuevos, representantes de una verdadera diversidad que tengan un mayor vínculo con la realidad que se manifiesta estos días.
Llamamos a los demás centros de pensamiento, universidades y organizaciones de la sociedad civil a participar de este proceso y buscar la convergencia sobre los referidos temas. Nuestro país no sólo necesita de ideas, sino también mayores espacios de diálogo para restablecer la confianza y alcanzar acuerdos.
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