Estos días han sonado las alarmas sobre el trabajo de la Convención, dada la aprobación en general de algunas normas y de otras que por ahora son propuestas que ni siquiera pasan esa fase. Para algunos el panorama puede ser inquietante: un sistema presidencial ‘moderado’; en base al unicameralismo; sin Tribunal Constitucional que resuelva las disputas procedimentales entre los poderes colegisladores; teniendo jueces —la base del control del poder— con duración temporal; con derechos fundamentales extensamente reglamentados; con una cantidad cada vez mayor de demandas para establecer instituciones autónomas en la Constitución, como si esa fuera la receta mágica para lograr eficacia pública, y con una propuesta de Estado Regional autónomo cuasi federal.

Si mostramos un panorama de ese tipo, por cierto, sesgado, la impaciencia aumenta. El punto, sin embargo, es que todas ellas son ideas en debate. Es cierto que han atraído la atención del público, y aunque varias tienen apoyos transversales, si realizamos un ejercicio honesto es posible percatarse que por ahora la Convención no puede, sencillamente por la etapa en la que se encuentra, disponer de una visión global de lo que se está discutiendo. Ese es el rol que cumple la deliberación y crítica fuera de la Convención, que a nadie podría molestar.

Cuando evaluemos la Constitución no sólo debemos mirar sus secciones separadamente. Quizá ahí está es una de la enseñanza de estos días para los convencionales, pero sobre todo para quienes siguen sus debates. El propósito final es disponer de un texto que permita dar estabilidad a las decisiones de la democracia en el largo plazo. Para que eso suceda, es el pleno de la Convención el que deberá detenerse en la visión integrada de la Constitución al momento de buscar los acuerdos de dos tercios para cada norma: tasando como todas sus partes se desenvuelven, generando pesos y contrapesos, pensando como si el peor de los tiranos ganara una elección y pudiera gobernar. La experiencia institucional demuestra que la omisión de esas consideraciones deja la Constitución a su suerte, condenada a permanentes reformas, transformándola en un texto trivial, perdiendo el consenso tácito que la puede sostener y facilitando los actos de los autoritarismos del futuro.

Por eso no es conveniente juzgar el trabajo de la Convención, por ahora, por cada iniciativa separada que se presenta. Las malas ideas también merecen ser discutidas. Porque más allá de las identidades y preferencias de cada convencional, es en la construcción del texto final, que se someterá a plebiscito, donde podremos apreciar la utilidad de su trabajo y el juicio que la historia formulará sobre la trascendental tarea que les fue encomendada.