‘La primera regla del club de la pelea es no hablar de él’, decía el narrador de la famosa comedia negra de David Fincher. Pero como el año que termina fue excepcional en disputas, algo debemos contar. Desde hace algún tiempo se ha mantenido una tensión entre diversas instituciones responsables del control público. Esto comenzó en noviembre de 2016, cuando el Tribunal Constitucional (TC) expresó de modo inédito su preocupación porque la Corte Suprema se había arrogado la facultad para determinar la derogación constitucional de normas legales.

Esas disputas se incrementaron en 2017 cuando el TC acogió la contienda de competencia planteada por el contralor, sosteniendo que no le correspondía al Poder Judicial pronunciarse sobre el régimen previsional de los funcionarios públicos. La controversia tuvo otro capítulo en marzo de 2018, cuando el Senado resolvió la misma contienda, esta vez contra la Corte Suprema.

Pero esto no quedó ahí. En otro combate de este año entró en disputa el fiscal nacional, cuando en julio un grupo de diputados solicitó su remoción por reuniones que había sostenido en pleno proceso de investigación de casos de corrupción. El asunto se complicó con el discurso de su cuenta pública, en el cual señaló que debía existir precaución de no alterar las mayorías democráticas del Congreso. El pleno de la Corte Suprema rechazó en octubre esa solicitud de destitución.

Pero hubo más. Las decisiones de la segunda sala de la Corte Suprema que otorgaron beneficios a condenados por violaciones a los derechos humanos provocaron en agosto una acusación constitucional contra tres ministros de la corte —lo que, irónicamente, habían tenido un rol destacado en las condenas de esos casos—. La Cámara de Diputados rechazó la acusación en septiembre, pero permitió que el Congreso aprobara una ley que restringe el otorgamiento de la libertad condicional para esos condenados, aun cuando el TC, la semana pasada, declaró inconstitucional una de sus causales.

Como si lo anterior fuera poco, el final de año nos entregó el resultado de la pretensión de remoción de la subcontralora, proceso iniciado en agosto y que terminó siendo resuelto por la Corte Suprema en noviembre, en contra del contralor, generando una de las controversias más ácidas en la historia institucional de la Contraloría.

A pesar de estos meses intensos, el sistema constitucional soportó su rudeza. Y, como en el Club de la Pelea, después de la trifulca «todos nos sentíamos salvados». Porque entre tanta palabra destemplada, pareciera necesario al menos reconocer que en el peor año de las disputas institucionales desde el retorno a la democracia, éstas se resolvieron a través del Derecho y todos aceptamos sus resultados, a pesar de nuestras diferencias.