Esta semana se conoció el resultado de un nuevo ranking de corrupción en la región que mide la capacidad de cada país de combatirla. De este modo, se suma a otros, como el más conocido de Transparencia Internacional y el del Banco Mundial, que miden percepciones de corrupción y donde Chile ha ido perdiendo el liderato ante Uruguay.

El nuevo ranking mide la capacidad que tienen los países para controlar la corrupción -y por lo tanto, intenta ir más allá de las percepciones-, basado en cómo se combate efectivamente este fenómeno y se aplicó en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú y Venezuela, que representan casi el 90% del PIB de América Latina y el Caribe.

Principalmente se analizaron tres categorías: la capacidad legal de enfrentar la corrupción (como la independencia del Poder Judicial y las agencias anticorrupción, el acceso a información pública y transparencia gubernamental, la independencia y recursos de las Fiscalías, entre otros); la democracia y las instituciones políticas (tal como la calidad y cumplimiento de las normas de financiamiento de campañas, los procesos de tomas de decisión pública y la calidad de la democracia); y, la sociedad civil, medios de comunicación y sector privado.

En este caso Chile, quedó posicionado en el primer lugar con un puntaje de 6,66 en una escala de 1,0 (más corrupto) a 10 (menos corrupto). Lo anterior no extraña, si consideramos que en general en este tipo de mediciones estamos dentro de los mejores alumnos no sólo de la región, sino también del mundo. Nuestras mayores debilidades se encuentran en la calidad de herramientas como la delación compensada -que recientemente fue introducida en nuestra legislación anticorrupción en octubre del año pasado, por lo que no ha tenido aplicación aún, a diferencia de países como Perú y Brasil- y la cooperación internacional en persecución y sanción de la corrupción, como lo han señalado organismos como la OCDE.

Si bien la evaluación general es más bien positiva -particularmente en cuanto a la calidad general de nuestra democracia y de la movilización de la sociedad civil contra la corrupción- debemos considerar que nuestra región, en general, no presenta las mejores cifras en esta materia, por lo que no debemos ser auto complacientes y seguir fortaleciendo nuestras instituciones en esta materia.