Dos salubristas encabezan la Convención Constitucional para la segunda etapa. Esta estará dominada por la discusión de las normas de la nueva Constitución, por la forma en que se redactan sus ‘enunciados jurídicos’ que son determinantes para los aplicadores del derecho como los jueces que, citando e interpretando su contenido, deberán dar solución a los problemas que se les presenten cotidianamente. Mirado con ese énfasis, los grandes derrotados de la elección de la semana pasada serían los abogados y profesores de derecho que integran la Convención.

Sin embargo, mientras muchos debaten sobre la trastienda política de esa elección, pocos se han detenido en el símbolo que representa para esta etapa que sean dos especialistas en salud pública los que encabecen la parte final del proceso. La elección de María Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez es, en algún sentido, la metáfora de estos años, azotados por la pandemia y una crisis social que ha dejado en evidencia la importancia de los cuidados, el cumplimiento de nuestros deberes públicos y la relevancia dela solidaridad como manifestación de la interdependencia social. Algo que es igualmente trascendente en temas aparentemente tan diversos como salud, pensiones, educación, medio ambiente o impuestos.

Y esto es relevante, porque los juristas, como ha explicado Jonathan Sumption, cuando abordan las normas constitucionales escritas, suelen blindarse contra el pasado y hacen difícil crear nuevas convenciones políticas para problemas nuevos. El sesgo inevitable en la profesión legal es pensar que esas reglas constitucionales se escriben contra algo o contra alguien, olvidando que la Constitución, si quiere perseverar en el tiempo y que los ciudadanos se apropien de su contenido, deben disponer de criterios amplios para abordar las heterogéneas dificultades actuales y futuras, que debemos solucionar en su nombre.

Cuando la revista Sábado expuso este fin de semana el problema del Centro de Salud Familiar Nº5 de Santiago, rodeado por comercio ambulante que impide su funcionamiento, donde los funcionarios de salud son amenazados y los pacientes cancelan sus horas médicas por problemas de seguridad en el barrio, nos recuerda de modo inmediato que una de las razones por las que estamos en este proceso es para vincular la Constitución con la ejecución de políticas públicas eficaces que cumplan la promesa que está tras ese texto constitucional.

Quinteros y Domínguez tienen ese desafío. No sólo dirigir la Convención, sino que también vincular en su relato la forma en que esos mandatos constitucionales genéricos pueden tener manifestaciones en la vida cotidiana de las personas. Las mismas que quieren asistir a su consultorio de modo seguro, para que el Estado los atienda oportunamente.