El gobierno ha anunciado su intención de enviar un proyecto de ley que introduce modificaciones al sistema de nombramiento de jueces y juezas vigente, reforma que según ha dicho el ministro de Justicia, propondrá al legislador un modelo de selección basado en la idoneidad profesional para optar al cargo y la disminución de los actuales espacios de discrecionalidad, proceso que se entregará a un órgano autónomo y en el que las cortes -Suprema y de Apelaciones dejarán de tener injerencia.

Sin perjuicio de la natural discusión de detalle que ha de producirse en el Congreso -durante la que esperamos se propicie un amplio debate público-, llamamos la atención acerca del momento histórico que el país vive, el que más allá de la contingencia, tiene su origen en una larga trayectoria iniciada hacia el retorno de la democracia, con una extensa reflexión e hitos con participación de un grupo transversal y representativo de las más variadas corrientes de pensamiento e ideas, catalizador de un certero diagnóstico y consensos.

Las sucesivas reformas procesales no han alcanzado al diseño de nuestro Poder Judicial, prácticamente incólume en nuestra vida republicana. Por ello, es importante que la ciudadanía comprenda la importancia de esta iniciativa, precisamente porque de su éxito depende que se evite que jueces y juezas caigan en la tentación de fallar en un determinado sentido para agradar a sus superiores, los mismos que hoy junto con revisar sus resoluciones, deciden también sobre su carrera, desempeño y eventual responsabilidad.

Como académicos del derecho, creemos que Chile necesita que sus jueces y juezas sean independientes y se dediquen solo a juzgar. Cualquier distracción de dicha función es impropia y perjudicial para la democracia.

Avanzar en esa línea es una cuestión de Estado.