La semana pasada se destapó que el Ejército, a través de la Ley de Inteligencia, habría espiado a cuatro denunciantes de corrupción y a un periodista que se encontraba investigando este tipo de irregularidades en el Ejército. Varias voces se levantaron criticando particularmente este último hecho, entre ellos parlamentarios, editoriales de medios, organizaciones internacionales como Transparencia Internacional y una serie de gremios.

Si bien en Chile no es usual conocer este tipo de casos y el rechazo generalizado fue rápido, las amenazas que sufren periodistas o medios de comunicación en la región que investigan al crimen organizado o la corrupción lamentablemente no son hechos tan aislados.

En México, la situación es aún peor y en lo que va del año ya han sido asesinados doce periodistas. De hecho, según las cifras del gremio de periodistas de dicho país, desde 1983 ya van más de 300 víctimas de homicidios relacionados con medios de comunicación, lo que hace que sea uno de los países con más asesinatos a periodistas (tras Siria y Afganistán).

Los medios de comunicación cumplen un rol esencial para develar la corrupción y otros hechos que impactan a la opinión pública. No olvidemos que en Chile casos como Caval (revelado por la revista Qué Pasa) y Milicogate (revelado justamente por el periodista que fue espiado por el Ejército) salieron a la luz a partir de investigaciones periodísticas. Otros grandes casos de corrupción regionales también han sido dados a conocer por medios, como el Panamagate, la Estafa Maestra en México o los Cuadernos de Corrupción en Argentina.

Por eso, se requiere que los periodistas sean protegidos y respetados en el ejercicio de su labor, particularmente por el Estado. La libertad de expresión, el pluralismo y la rendición de cuentas son principios esenciales de un régimen democrático que se precie de tal y deben, por lo mismo, protegerse no solo de la boca para afuera, sino también en los hechos.