El Congreso se vio envuelto en una nueva polémica a raíz del nombramiento del actual senador Andrés Zaldívar como miembro del Consejo de Asignaciones Parlamentarias, una vez que termine su periodo como parlamentario.

¿Razones para las críticas? Dos resultan evidentes. La primera es la forma de nominación: a través de un acuerdo político entre pares, con escasa transparencia sobre la forma de adoptar la decisión y nula participación ciudadana. Esto ha sido criticado anteriormente a raíz de las nominaciones de diversos órganos en los que participa el Congreso (Servel, Tribunal Constitucional, etc.). Lo que se pide es poner fin al ‘cuoteo’ y que primen criterios técnicos en los nombramientos de este tipo de organismos.

Pero lo más grave de este caso es que quien integrará el organismo que vela por fijar las normas del correcto uso de las asignaciones parlamentarias es, precisamente, quien se enfrascó en una polémica con el Ministerio Público por no querer transparentar y entregar toda la información relativa al uso de esas asignaciones para asesorías, en el marco de una investigación por posible mal uso y fraude. Esto pone en relieve la necesidad de que el Congreso cuente con mayores controles externos y entidades autónomas, formadas por personas ajenas al Parlamento, como ocurre con el Poder Ejecutivo y las municipalidades a manos de la Contraloría. Hace más de un año se discute un proyecto de ley sobre esta materia, pero casi no ha tenido avances.

En el programa del presidente electo, Sebastián Piñera, se contempla la creación de una Contraloría para el Congreso. Esperemos que el nuevo gobierno y los parlamentarios retomen esta discusión e impulsen decididamente este tema.