Como establece la Ley de Inclusión Escolar, el año 2016 comenzó a implementarse un nuevo sistema de admisión escolar, único y centralizado, para todos los establecimientos que reciben subvención del Estado. El sistema tiene por objeto lograr una distribución de las y los estudiantes lo más cercana posible a las preferencias manifestadas por sus apoderados.
Los sistemas centralizados de admisión han demostrado ser una política exitosa en ciudades como Nueva York, Boston y Amsterdam, puesto que resuelven el problema de sobredemanda de los colegios de manera justa (dando las mismas oportunidades a todos sus postulantes) y eficiente (ya que cada estudiante es admitido en un solo lugar). La puesta en marcha en Chile de esta política ha sido un ejemplo de cómo implementar gradualmente una política de alta complejidad.
Comenzó a implementarse en Magallanes, y el 2017 se amplió a cuatro regiones, logrando que un 87% de los postulantes quedara en alguna de sus preferencias el primer año y un 89% en el segundo. De acuerdo con la ley, este año el sistema debe implementarse en todo el país.
Si bien hasta ahora su funcionamiento ha sido exitoso, la implementación a nivel nacional requiere de una campaña masiva de información y orientación a los apoderados que deben ser usuarios del sistema por primera vez; aquella es una tarea que precisa de tiempo y recursos. Como académicas y académicos convencidos de que este nuevo sistema es un paso en la dirección correcta, vemos con preocupación que los desafíos propios de la puesta en marcha de un nuevo gobierno dificulten la correcta implementación de esta crucial tercera etapa.
Llamamos al gobierno para que haga su mayor esfuerzo por llevar a cabo esta tarea, logrando dar continuidad a una política de correcto diseño que debe trascender las legítimas diferencias políticas de las distintas coaliciones de gobierno. Desde ya nos comprometemos a entregar toda la ayuda que sea necesaria para este fin.