La semana pasada el Congreso retomó sus labores. Así, en la sala del Senado se discutió un proyecto de ley que data del 2013. Su objetivo: reconocer en la Constitución, de modo expreso, el principio de transparencia que rige el actuar del Estado y el derecho de acceso a la información pública, que regula la Ley de Transparencia desde el 2009.

Se trata de un proyecto sencillo que viene a reconocer, de manera expresa, un derecho que ya existe y ejercen diversos ciudadanos y periodistas. Sin embargo, un grupo de senadores dijo estar preocupado por las consecuencias y solicitaron un nuevo informe sobre el proyecto de ley.

Nadie pone en cuestionamiento que es fundamental que los parlamentarios tengan claro qué implica un proyecto antes de aprobarlo; lo que llama la atención es el temor a establecer en la constitución un derecho que ya tenemos reconocido con límites y excepciones, en una ley. El Consejo para la Transparencia y los tribunales han fallado numerosas veces sobre el tema, por ejemplo, determinando el Tribunal Constitucional que, salvo ciertas excepciones, los correos electrónicos de los funcionarios y autoridades son comunicaciones privadas. Asimismo, han determinado que otra información, como los fundamentos de ciertas decisiones, debe ser pública para un debido control social.

Por esto, preocupa la sensibilidad del Senado ante la transparencia. No podemos olvidar que el año pasado dicha Corporación se negó a entregar toda la información relativa a las asesorías externas al Ministerio Público, que realizaba una investigación sobre un posible fraude en el uso de los recursos públicos destinados a ese ítem. Por otra parte, según la encuesta CEP de abril del 2017, solo un 6% de la ciudadanía confía en el Congreso. Esperemos que las dudas ante el proyecto se resuelvan y el Senado dé una señal de que la transparencia en nuestro país llegó para quedarse.